En el Concejo de Bogotá se conocieron graves denuncias de presunta corrupción en alcaldías locales

El concejal José Cuesta Novoa expuso en el Concejo de Bogotá graves denuncias sobre corrupción en las alcaldías locales de la ciudad, y destacó que hay un sistema que permite la impunidad y la falta de sancione, de manera que el problema se extienda sin control.

Por medio de un comunicado oficial, se conoció que, durante una sesión dedicada al debate del Estatuto de Oposición, Cuesta Novoa señaló que “la influencia de intereses privados y el financiamiento opaco de campañas han convertido la corrupción en un problema sistemático dentro de la administración distrital”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con sus declaraciones, el desorden administrativo y la falta de control han generado una pérdida significativa de recursos públicos.

Uno de los puntos más alarmantes planteados por el concejal es la falta de alineación entre los proyectos ejecutados en las localidades y el Plan de Desarrollo de la ciudad. Según Cuesta Novoa, esta situación ha derivado en “proyectos desconectados de las necesidades reales de la comunidad, lo que limita su impacto y sostenibilidad”.

El cabildante indicó que los fondos de desarrollo local no están siendo utilizados de manera eficiente, lo que está afectando la ejecución de programas clave para la población bogotana.

Las denuncias han encendido las alertas en el Concejo de Bogotá y han puesto en el centro del debate la necesidad de implementar controles más estrictos para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos locales.

“Uno de los puntos centrales del pronunciamiento del concejal fue la necesidad de modificar el Decreto 1421, específicamente su artículo 84, que regula la designación de alcaldes locales. Aunque reconoció la reciente modificación introducida por el Decreto 2116—que establece que al menos el 50% de los alcaldes locales deben ser mujeres—, afirmó que el artículo 84 sigue fomentando el clientelismo, lo que a su vez abre la puerta a la corrupción”, se leyó en la comunicación.

Además, según informó el cabildante, durante diciembre de 2024 se firmaron contratos por un total de 494.222 millones de pesos, muchos de ellos en los últimos días del año, lo que ha generado sospechas sobre la transparencia de estos procesos. Cuesta Novoa destacó que esta práctica, conocida como contratación masiva de última hora, podría estar facilitando actos de corrupción y vulnerando los principios de publicidad y planeación establecidos en la normativa vigente.

De acuerdo con el cabildante, además, algunos contratos adjudicados en la localidad de Kennedy, como los identificados con los códigos FDLK-LP-007-2024, FDLK-LP-005-2024 y FDLK-LP-012-2024, presentan irregularidades significativas.

Entre ellas, mencionó que los estudios de mercado utilizados para justificar estas contrataciones no fueron realizados de manera adecuada, ya que se basaron en documentos repetidos y no en análisis específicos para cada proceso. Esta situación, según Cuesta Novoa, podría constituir un presunto delito de falsedad material en documento público, tipificado en el artículo 287 del Código Penal colombiano.

Otro de los temas abordados por el concejal fue la ejecución de los fondos de desarrollo local durante 2024. Según Cuesta Novoa, el uso de contratos fragmentados, conocidos como “chichigua”, ha dificultado la fiscalización de los recursos y ha facilitado la corrupción. En contraste, destacó que los Proyectos de Gran Impacto (PGI) ofrecen mejores herramientas para el control ciudadano, aunque su implementación sigue siendo limitada.

El concejal también denunció la existencia de presuntos carteles de corrupción en algunas fundaciones que contratan con las alcaldías locales. Entre las organizaciones señaladas se encuentran Fundesco, Al Desarrollo y Camino Verde, las cuales habrían incurrido en irregularidades en la ejecución de contratos por montos millonarios.

Por ejemplo, la Fundación Camino Verde ha sido vinculada a presuntos actos de corrupción en las localidades de Santa Fe y Kennedy, con contratos que alcanzan los 900 millones de pesos. Por su parte, FUNDESCO habría cometido irregularidades en localidades como San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar, con un contrato que asciende a 3.663 millones de pesos.