La Corte Suprema confirmó juicio contra Armando Benedetti por presunto tráfico de influencias en el caso Fonade

El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfrentará un juicio por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el caso Fonade, según confirmó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 27 de marzo.

Esta decisión, que ratifica su calidad de acusado, marca un nuevo capítulo en la investigación que involucra al exsenador en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), de acuerdo con W Radio.

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La investigación se centra en su presunta participación en un entramado que también involucra a los exsenadores Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quienes ya han sido procesados en el marco de este caso.

Según las autoridades, las irregularidades habrían ocurrido mientras Benedetti ejercía como congresista de la República.

El caso Fonade, que ha generado gran atención mediática, se basa en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de esta entidad.

Los hechos se remontan al año 2016, cuando Benedetti era senador y miembro del Partido de la U, un periodo en el que Fonade habría sido utilizado como herramienta de negociación política por parte de congresistas de dicha colectividad, según el medio Cambio.

De acuerdo con la investigación, Benedetti habría intervenido para favorecer a la empresa Certicámara S.A. en un proceso de contratación pública.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema encontró pruebas suficientes para acusarlo por el delito de tráfico de influencias, aunque descartó imputarle el cargo de interés indebido en la celebración de contratos, como había solicitado la magistrada Cristina Lombana, quien lideró la investigación.

En 2016, el manejo burocrático de Fonade fue asignado al Partido de la U como recompensa por su apoyo a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

En este contexto, Benedetti habría solicitado a Jorge Iván Henao Ordóñez, asesor de gerencia de Fonade en ese momento, que favoreciera a Certicámara S.A. en un contrato relacionado con la digitalización e indexación de documentos, de acuerdo al artículo de la fuente citada.

Henao, quien ha sido condenado por su participación en un esquema de corrupción dentro de Fonade y colaboró con la justicia a cambio de beneficios judiciales, declaró que Benedetti fue determinante para que Certicámara obtuviera el contrato.

Según su testimonio, Benedetti le presentó a representantes de la empresa y le pidió que les facilitara un espacio en los procesos de contratación. Estas declaraciones han sido uno de los elementos centrales en la investigación que adelanta la Corte Suprema.

El caso se centra en dos convocatorias específicas. La primera, identificada como CSI-004 de 2016, buscaba contratar servicios de digitalización de más de 5,4 millones de documentos, pero fue declarada fallida.

Esto permitió abrir una segunda convocatoria, la 032 de 2017, que finalmente adjudicó el contrato a Certicámara S.A. Henao aseguró que manipuló las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para favorecer a esta empresa, siguiendo instrucciones de Benedetti y su asesora Elsy Mireya Pinzón.

Entre las pruebas recopiladas por la Corte Suprema se encuentran registros de visitas realizadas por Juan Carlos Santofimio Vengoechea, representante de Certicámara, a la oficina de Benedetti en el Congreso en 2016 y 2017.

También se documentaron llamadas telefónicas entre los involucrados, así como reuniones entre Henao, Pinzón y Santofimio para coordinar las gestiones necesarias.

Además, el informe mencionado de evaluación de las empresas participantes en los procesos de contratación revelaron irregularidades. Por ejemplo, algunas compañías no lograron presentar a tiempo las garantías de seriedad de sus ofertas, mientras que Certicámara sí lo hizo, aunque fuera del plazo establecido.

La Sala de Instrucción concluyó que Benedetti tenía una posición de poder significativa en Fonade y que su intervención fue consciente de su ilegalidad.

Según el tribunal, el entonces senador actuó en beneficio de un tercero, desbordando los límites de su investidura y dejando de lado el interés general.