Admiten demanda contra el Gobierno Petro por ‘omisión’ frente al reclutamiento forzado de menores

La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda contra la Presidencia de la República y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por presunta “omisión” en la protección de niños y adolescentes de Colombia frente al reclutamiento forzoso de menores de edad por parte de grupos armados ilegales.

De acuerdo con la acción judicial, interpuesta por la Fundación para el Estado de derecho, se le ordena al Ejecutivo que garantice las medidas necesarias para enfrentar esta crisis, al considerar que el Estado colombiano no ha garantizado la vida de los menores de edad en el territorio colombiano.

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Incluso, la organización social resaltó que, en 2023, se registraron 184 casos de reclutamiento de niños y adolescentes, según reportes de la Defensoría del Pueblo. Mientras que en 2024, se reportaron 463 casos, respectivamente.

“A través de esta acción, se solicita la intervención del juez constitucional para que ordene a las autoridades responsables la adopción de medidas eficaces e inmediatas que garanticen la protección de los derechos colectivos vulnerados, con un enfoque especial en la protección de los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de sujetos de especial protección constitucional”, señala la fundación en su demanda.

De igual manera, los demandantes le exigen al Gobierno de Gustavo Petro que se establezca un cese al reclutamiento forzado por parte de los grupos armados que, en la actualidad, se encuentran en una fase de negociación con el Estado colombiano para la finalización del conflicto armado.

“(A la Presidencia) que se exija en el marco de los diálogos de paz con grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), estructuras armadas organizadas de crímenes de alto impacto (EAOCAI) y en general con actores armados ilegales el cese inmediato del reclutamiento forzado niñas, niños y adolescentes”, se lee en el documento.

El Icbf, como entidad encargada de velar por el bienestar de la infancia en Colombia, ha sido señalado por su incapacidad para llegar a las zonas más afectadas por el conflicto armado. Por su parte, la Presidencia enfrenta críticas por no priorizar políticas públicas que aborden las causas estructurales del reclutamiento, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y la ausencia del Estado en territorios remotos.

A su vez, la Fundación para el Estado de derecho destacó que, según un informe de la Defensoría del Pueblo, las disidencias de las Farc y el EPL serían las organizaciones ilegales con mayor reclutamiento de menores en Colombia, con un 78 por ciento, seguido de la categoría de no determinado, con 16 por ciento; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el 4 por ciento; grupos posdesmovilización de las AUC como el Clan del Golfo y el Bloque Virgilio Peralta Arenas o Los Caparros con el mismo punto porcentual.

La denuncia contra el Gobierno Petro se conoció luego de que tres menores de edad que habían sido reclutados forzosamente por las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca, fueron rescatados por tropas del Ejército Nacional en el municipio de Algeciras (Huila).

Según el reporte oficial, los responsables de este acto fueron integrantes del Frente Dagoberto Ramos, perteneciente a la Compañía Arlex Vargas, en apoyo al Bloque Central Isaías Pardo.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución castrense, los menores habían sido instrumentalizados por estas estructuras armadas con el objetivo de ser utilizados en actividades relacionadas con el conflicto armado. Este tipo de acciones, que constituyen una grave violación al derecho internacional humanitario, han sido condenadas enérgicamente por la institución, que reafirmó su compromiso de proteger a la población infantil y juvenil en los territorios afectados por la violencia.

Además, destacaron que este rescate es parte de un esfuerzo continuo por garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Según informó la institución, en lo que va del año 2025, la misma brigada que llevó a cabo este operativo ha logrado recuperar a un total de diez menores que habían sido reclutados por grupos armados ilegales.