SIC investiga a la Constructora Bolívar por presuntas irregularidades en proyecto inmobiliario

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa contra la Constructora Bolívar S.A. debido a presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores en el desarrollo del proyecto de vivienda Buenavista Living.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 11961 del 11 de marzo de 2025, en la que se formulan cargos a la empresa por posibles incumplimientos en la entrega de las viviendas y deficiencias en la información suministrada a los compradores.

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Uno de los aspectos clave en la investigación es el presunto retraso en la entrega de las unidades inmobiliarias adquiridas por los compradores.

De acuerdo con la información preliminar recabada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, la constructora no habría cumplido con los plazos previamente estipulados en los contratos de compraventa, afectando así la planificación y estabilidad de las familias que confiaron en el proyecto para su inversión en vivienda.

La demora en la entrega de los inmuebles no solo genera incertidumbre en los compradores, sino que también puede ocasionar perjuicios económicos al obligarlos a asumir costos adicionales en arriendos o cambios en sus planes financieros.

Otro punto que ha llamado la atención de la SIC es la presunta omisión de información clave en la publicidad del proyecto Buenavista Living.

Según los hallazgos preliminares, la Constructora Bolívar no habría informado de manera clara y precisa que las viviendas comercializadas correspondían a la categoría de Vivienda de Interés Social (VIS).

Esta omisión podría haber generado confusión entre los compradores, impidiéndoles evaluar con total transparencia las condiciones del proyecto y los beneficios o restricciones asociadas a este tipo de inmuebles.

La correcta comunicación de las características de un proyecto inmobiliario es un aspecto esencial para garantizar la protección del consumidor. La falta de información clara en las piezas publicitarias puede influir en la toma de decisiones de compra y, en algunos casos, inducir a errores que impacten negativamente la experiencia del comprador.

Con esta investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores en el sector inmobiliario, en particular aquellos de menores ingresos que buscan acceder a una vivienda digna.

De acuerdo con la legislación vigente, la resolución emitida por la entidad no es susceptible de recursos, en virtud del artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

La investigación continuará su curso y se espera que en los próximos meses se emita un pronunciamiento definitivo sobre las eventuales sanciones que podrían aplicarse a la constructora en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas.

Aplicaciones que prestan servicios de transporte como Didi, Uber, Cabify, Indrive, entre otras, están cada vez más cerca de definir su situación legal en Colombia gracias a un proyecto de Ley 136 de 2024, que busca regularlas, en medio de la oposición y descontento de gremios de taxistas, principalmente.

A propósito de esto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expresó su posición sobre este tema, asegurando que no pueden ser consideradas únicamente como intermediarias entre usuarios y conductores.

Según informó la entidad durante una audiencia pública en el Congreso, estas aplicaciones tienen un rol más amplio que incluye la definición de precios, la oferta de vehículos y la prestación del servicio, lo que las posiciona como actores activos en el mercado del transporte.

De acuerdo con la SIC, representada por Ingrid Ortiz, delegada para la protección de la competencia, esta postura preliminar busca establecer una norma regulatoria que iguale las condiciones entre las plataformas digitales y los servicios de transporte tradicionales, como los taxis.

Ortiz señaló que las aplicaciones deben adherirse a las normativas sectoriales existentes, ya que su modelo de operación interviene en aspectos clave de los contratos entre usuarios y conductores, desafiando la idea de que solo actúan como intermediarias.

“Hemos tenido una aproximación a todas las alternativas regulatorias y en este momento, de manera preliminar, hemos considerado que las plataformas no son meras intermediarias de la prestación del servicio”, expresó Ortíz.