Llega al Gobierno exrepresentante de empresa vinculada con Centros Poblados

Se trata de Karin Stefania Pupo Benito Revollo que fue nombrada como asesora en el Ministerio del Interior

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Imagen de referencia sobre el
Imagen de referencia sobre el proyecto de llevar internet a las zonas más apartadas del país con Centros Poblados. (Crédito: Ministerio de las TIC)

Una nueva controversia se cierne sobre el polémico ministro del Interior, Armando Benedetti, ya que a su cartera llega la que fuera representante de una de las empresas que estuvo vinculada con el escándalo de corrupción de Centros Poblados, donde presuntamente se desviaron recursos que se habían destinado para llevar internet a las zonas más apartadas del país durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.

Se trata de Karin Stefania Pupo Benito Revollo, que arriba como asesora grado 11 del despacho, luego de que el martes 25 de marzo se oficializara la resolución de nombramiento en el Gobierno Nacional, informaron en la revista Cambio.

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Agregaron que se trataría de la misma representante legal suplente de la empresa que compró en 2020 Emilio Tapia con la que se señala que pretendió desfalcar el rubro que se asignó en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TIC) para conectar a las zonas rurales de Colombia que carecen de este servicio.

Específicamente estuvo vinculada con ICM Ingenieros S.A.S que tenía una participación del 35 % en la unión temporal de Centros Poblados y cuyo señalado entramado de corrupción le costó al Estado 70.000 millones de pesos, recordaron en el periódico El Tiempo.

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Los trabajadores de plataformas digitales recibirían nuevas garantías laborales tras la consulta - crédito Ministerio del Interior

Esa empresa fue fundada por el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, también condenado por delitos relacionados con corrupción, y que amplió su razón social con relación a proyectos de ingeniería civil para poder quedarse con la licitación con en Ministerio de las TIC.

ICM Ingenieros, al parecer, estuvo implicada en la presentación de pólizas falsas del Banco Itaú y de esa manera quedarse con el contrato.

En el diario bogotano encontraron en la Superintendencia de Sociedades que la nueva funcionaria del Ministerio del Interior había renunciado a su cargo en la mencionada empresa en agosto de 2021, cuando ya era de público conocimiento lo ocurrido con Centros Poblados.

Adicionalmente encontraron que Benito Revollo fue esposa de Rafael Enrique Romero Payares que era el representante legal de Omega Buldings Constructora, que tenía el 15 % de participación en Centros Poblados, y que también se le señala de adquisición de las pólizas falsas.

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Centro Digital de Bolívar que exhibió la Unión Temporal Centros Poblados y aseguró que ya había instalado 845 hasta el pasado 31 de julio

Durante la época en que estalló ese escándalo de corrupción, la emisora La FM estableció que la controversial nueva asesora de Benedetti visitó la oficina de Emilio Tapia en unas 30 ocasiones.

Aparte, es hija de la excongresista Muriel Benito Revollo, que fue representante a la Cámara por Sucre y fue condenada por concierto para delinquir por aliarse con el exjefe de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, recogieron en Cambio.

En ese medio de comunicación contactaron al ministro del Interior, pero no dio razón por ese nombramiento. Sin embargo, una fuente del alto Gobierno les indicó que la nueva funcionaria no tiene investigaciones en su contra ni por cuenta del escándalo con Centros Poblados u otros hechos de corrupción.

Dicho entramado estuvo ligado a un proyecto del gobierno colombiano durante el mandato de Iván Duque. La iniciativa buscaba proporcionar conectividad a más de 15.000 escuelas rurales mediante un contrato adjudicado en 2020 a la mencionada Unión Temporal.

Aunque luego se descubrió que la empresa adjudicataria utilizó documentos falsos para hacerse con el contrato. Este hecho reveló que la compañía no contaba con las capacidades técnicas ni financieras necesarias para cumplir con los estándares exigidos, según lo estipulado en el contrato. Además, esta irregularidad fue acompañada de un incumplimiento sistemático en los plazos de ejecución del proyecto y finalmente nunca se dio la conectividad en las zonas apartadas del país.

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