La crisis educativa en Colombia enciende las alarmas en los organismos de control. En un llamado urgente, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Educación Nacional, información detallada sobre las estrategias implementadas para combatir la deserción escolar y la creciente problemática de violencia dentro de los entornos educativos. La preocupación del ente de control se centra en garantizar la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo y en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención de la violencia en colegios y otras instituciones de enseñanza.
A través de un comunicado oficial, la Procuraduría expresó que “dado el alto índice de deserción escolar que se presenta en el país, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Educación Nacional información sobre los índices de matrícula de esta vigencia, así como de las estrategias implementadas y las directrices impartidas frente a los programas de bienestar orientados a lograr la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo”.
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Esta solicitud responde a la preocupación por el impacto negativo que la deserción escolar puede generar en el desarrollo social y económico del país, especialmente en comunidades vulnerables donde el acceso a la educación es limitado y las condiciones de vida dificultan la continuidad académica.
Además de la deserción, el ente de control alertó sobre el incremento de reportes de violencia en las instituciones educativas, lo que llevó a solicitar al ministerio un informe sobre la implementación del Protocolo de Atención y Detección de Violencias de Género en el ámbito escolar. “Se deberán indicar las medidas adoptadas para promover su aplicación en las instituciones educativas que aún no lo han implementado”, señaló la Procuraduría en su requerimiento.
Otro de los puntos clave en la solicitud de la Procuraduría es el seguimiento a las acciones para prevenir y atender el acoso escolar, el bullying y la discriminación en los colegios. La entidad exigió evidencia de la implementación de estas medidas y un balance de los avances en materia de protección y bienestar estudiantil. En este sentido, se espera que el Ministerio de Educación brinde un informe detallado sobre cómo se está abordando la problemática y qué estrategias son efectivas para erradicar estos fenómenos de los entornos educativos.
Asimismo, el ente de control solicitó información sobre el funcionamiento de los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, instancias clave en la resolución de conflictos y en la promoción de ambientes seguros para el aprendizaje. Además, se pidió un reporte sobre las acciones articuladas con los sectores de salud y justicia para garantizar la protección de las víctimas de violencia sexual en instituciones educativas.
“La entidad también pidió un balance del seguimiento efectuado al funcionamiento de los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, e información sobre las actuaciones que de manera articulada ha realizado con el sector de salud y justicia para garantizar la debida atención y protección de las víctimas de violencia sexual en los entornos educativos, durante el 2024 y lo transcurrido de la presente vigencia”, se lee en el documento emitido por la Procuraduría.
La deserción escolar sigue siendo un problema estructural en Colombia. Factores como la pobreza, el trabajo infantil, la violencia intrafamiliar y la falta de acceso a recursos educativos adecuados llevan a miles de estudiantes a abandonar sus estudios antes de completar su formación básica.
Para contrarrestar esta situación, el Ministerio de Educación debe presentar un plan de trabajo que permita monitorear y evaluar las acciones emprendidas en los colegios del país. La Procuraduría enfatizó que es fundamental que se establezcan medidas efectivas para garantizar no solo el acceso, también la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
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