
Apenas cuatro horas antes de que se diera inicio a la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle por su presunta participación en el caso del lote Aguas Vivas, el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Garantías aplazó la diligencia.
Según se conoció, dos de los abogados que hacen parte del equipo de defensa de los 13 funcionarios implicados en el caso, incluido el del exmandatario local, solicitaron el aplazamiento por motivos de fuerza mayor.
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Por un lado, la apoderada de Fabio Andrés García Trujillo, Astrid Carvajal, le notificó a la jueza su ausencia debido al grado de maestría que estaba cursando, además de su previa notificación sobre una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia que se adelantará este martes 25 de marzo.
Además, el apoderado de Daniel Quintero, Luis Antonio Hernández, presentó un recurso de aplazamiento argumentando su poca preparación en el caso debido a que le fue asignado hace poco tiempo.

“Vista la constancia que antecede, atendiendo las solicitudes de aplazamiento elevadas por dos de los defensores, soportadas, la primera, en una fuerza mayor, esto es, por la ceremonia de grados y, una audiencia citada con antelación ante la Corte Suprema de Justicia; y la segunda, en la materialización del derecho a la defensa”, señala la notificación del juzgado.
Sin embargo, a pesar de que se les concedió el aplazamiento, el juez que lleva el caso solicitó que se dé una reprogramación de la audiencia con carácter urgente.
“Motivo por el cual, al encontrarse justificado el aplazamiento elevado por la Doctora Hilda Astrid, se accede a ello, y, se devolverá al centro de servicios, la carpeta de la referencia, para que sea reprogramada con carácter de urgencia, citando en debida forma a todas las partes e intervinientes”, concluye el documento firmado por Natalia Echeverri Cardona, jueza 16 Penal Municipal con Función de Garantías.
Entretanto, en la audiencia que, por ahora, no cuenta con nueva fecha de ejecución, la Fiscalía General de la Nación tenía previsto imputar cargos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y a doce de sus exfuncionarios implicados por presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y prevaricato por acción.

Estas acusaciones están relacionadas con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la negociación del predio conocido como Aguas Vivas.
Según detalló la Fiscalía, aunque la valorización del predio se realizó durante la primera administración del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue Daniel Quintero quien firmó el decreto que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Este cambio habría permitido ampliar las posibilidades de explotación del terreno, lo que resultó en un aumento de su valor catastral superior al mil por ciento. La Fiscalía sostiene que estas acciones podrían haber favorecido intereses particulares en detrimento del patrimonio público.
En medio de las investigaciones, Daniel Quintero ha defendido su gestión y ha señalado que las inconsistencias en el negocio del predio Aguas Vivas no fueron responsabilidad suya, sino de su denunciante, el actual alcalde Federico Gutiérrez.
“Las mentiras que ha dicho (Gutiérrez) y el papel de la Fiscalía de Medellín que lleva varios años sin querer recibir las pruebas y ha desviado la investigación (...). Fico se metió un tiro en el pie. Dio papaya y se la vamos a cobrar”.
Según Quintero, la investigación debería enfocarse en las acciones de Gutiérrez, que, de acuerdo con su versión, habría cometido irregularidades durante su primera administración.
No obstante, la Fiscalía ha mantenido su postura de que las decisiones tomadas por Quintero, en particular la firma del decreto que modificó el POT, fueron determinantes para el incremento del valor del predio y las posibles irregularidades en su negociación.
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