
El más reciente fallo del Consejo de Estado ordenó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, retractarse de una acusación que había realizado en redes sociales contra Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República.
Petro había señalado que Vargas Lleras ignoró una propuesta que, en su momento como alcalde de Bogotá, presentó para elevar la autopista Norte en un tramo vial que atraviesa los humedales Torca y Guaymaral. Sin embargo, el tribunal determinó que el mandatario no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones.
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Pero el conflicto entre Petro y los hermanos Vargas Lleras es solo uno de los múltiples enfrentamientos que el presidente ha protagonizado en la plataforma X, antes conocida como Twitter.
De hecho, el jefe de Estado ha utilizado esta red social como una extensión de su gobierno, desde donde realiza anuncios, responde a críticas y emite acusaciones que, en varias ocasiones, han derivado en procesos judiciales.

Con más de 8 millones de seguidores en X, el presidente ha enfrentado más de diez derrotas legales en el Consejo de Estado debido a publicaciones realizadas en esta plataforma. Estas derrotas han sido consecuencia de acusaciones que, según los fallos judiciales, carecen de sustento probatorio y han vulnerado derechos fundamentales de las personas señaladas.
Uno de los casos más recientes involucra a Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán, al que Petro acusó de irregularidades en la gestión de la Nueva EPS.
En una publicación, el mandatario afirmó que la familia Vargas Lleras había ocultado deudas por 5.5 billones de pesos mientras realizaba gastos innecesarios.
El Consejo de Estado determinó que el presidente no verificó la veracidad de estas afirmaciones antes de compartirlas con la opinión pública, lo que llevó al tribunal a fallar en favor de Enrique Vargas Lleras.
Sin embargo, el uso de las redes sociales por parte de Petro no se ha limitado a enfrentamientos con figuras políticas. Según un análisis publicado por El Colombiano, el presidente también ha dirigido acusaciones contra ciudadanos comunes, lo que ha generado controversia y consecuencias legales.

Uno de los casos más polémicos fue el de Hannah Escobar, una activista se opuso públicamente a la reforma a la salud propuesta por el Gobierno. En su momento, Petro la calificó de “nazi” y la acusó de persecución política, lo que desató una ola de amenazas e intimidaciones contra ella.
En ese entonces, el Consejo de Estado falló a favor de Escobar, ordenando al presidente ofrecer disculpas. Sin embargo, el intento de Petro por acatar el fallo fue considerado insuficiente, lo que obligó a la ciudadana a recurrir nuevamente a la justicia por desacato.
En otro episodio, el mandatario calificó como “victimarios” a un grupo de jóvenes que anunciaron su participación en una manifestación. En ese caso, el Consejo de Estado determinó que esta declaración vulneró el derecho fundamental a la protesta legítima, ordenando al presidente retractarse.
Pese a los reiterados llamados para que modere el uso de sus redes sociales, Petro continúa utilizando X como una herramienta central de su gestión. Desde esta plataforma, el mandatario no solo realiza anuncios oficiales, también responde a críticas, reprende a funcionarios y emite acusaciones que, en ocasiones, han escalado a conflictos diplomáticos.
Un ejemplo de ello ocurrió cuando, en un mensaje publicado a las 3:00 de la madrugada del domingo 26 de enero, con el que Petro generó una crisis diplomática con Estados Unidos. Este tipo de publicaciones han tenido consecuencias tanto para el mandatario como para el país en general.
Pero no todas las controversias generadas por las publicaciones de Petro han resultado en fallos adversos. Incluso, hace tres semanas el Consejo de Estado desestimó una demanda relacionada con un comentario que el presidente realizó durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín.
En esa ocasión, Petro se refirió a las periodistas como “muñecas de la mafia”, acusándolas de construir una narrativa que criminalizaba el derecho a la protesta. Aunque el comentario generó un fuerte rechazo en el gremio periodístico, el tribunal no encontró motivos suficientes para fallar en contra del mandatario.
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