En un operativo reciente llevado a cabo en la vereda El Oasis, en el municipio de Puerto Berrío, las autoridades lograron la captura de 12 personas implicadas en actividades de minería ilegal y destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilícita de oro. De acuerdo con lo informado por el Ejército Nacional, estas acciones forman parte de una estrategia para combatir la explotación ilegal de recursos naturales, que estaría siendo promovida por la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, vinculada al Clan del Golfo. Este grupo armado utiliza estas actividades como una fuente de financiamiento, según detallaron las autoridades.
El operativo fue liderado por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 14, en coordinación con la Policía Nacional. Durante la intervención, se desmantelaron cuatro puntos de extracción ilegal y se incautaron equipos valorados en aproximadamente $1.200 millones. Entre los elementos destruidos se encuentran dos retroexcavadoras, 16 motores, 10 motobombas y 12 dragas, según informó el coronel Harrynton José Smith Melo, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército. Además, se estima que en esta zona se extraían entre 800 y 1.000 gramos de oro al mes, lo que representaba ingresos de hasta $300 millones.
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El operativo se produce en un contexto de creciente tensión en las subregiones del Nordeste antioqueño y el Magdalena Medio, donde los mineros informales anunciaron un paro para este lunes festivo 24 de marzo de 2025. La autoridad militar detalló que estas intervenciones buscan frenar el impacto ambiental y económico de la minería ilegal, pero los mineros han expresado su descontento, argumentando que el Gobierno nacional no ha cumplido con los acuerdos previamente establecidos. Este incumplimiento, según los trabajadores, ha llevado al aumento de los operativos en su contra, exacerbando el malestar en la región.
El paro minero anunciado refleja el descontento de los mineros informales, que consideran que las acciones de las autoridades afectan directamente su sustento. Por su parte, las autoridades han defendido los operativos como una medida necesaria para combatir las actividades ilegales que, además de financiar a grupos armados, generan graves daños al medio ambiente y a las comunidades locales.
Desmantelan seis frentes de minería ilegal en Santander de Quilichao, Cauca
En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército de Colombia, seis frentes de minería ilegal fueron destruidos en la vereda El Palmar, ubicada en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Según informó el coronel Giovanny Torres Bautista, comandante de la Policía en el Cauca, la acción permitió la captura de siete personas vinculadas a la explotación ilícita de yacimientos, actividad que, además de generar graves daños ambientales, financia a grupos armados ilegales en la región.
El operativo, que contó con la participación de aproximadamente 150 uniformados, se llevó a cabo tras denuncias de las comunidades locales, que alertaron sobre la presencia de actividades mineras ilegales en la zona. De acuerdo con el coronel Torres, estas operaciones no solo afectan los ecosistemas, también representan un riesgo para la seguridad de los campesinos e indígenas que habitan en el área. “La urgencia de este operativo radica en garantizar la seguridad de las comunidades y frenar las fuentes de financiación de los grupos armados al margen de la ley”, explicó el oficial.
Durante la intervención, las autoridades identificaron que los frentes mineros operaban bajo la modalidad de socavones, estructuras construidas de manera artesanal y sin medidas de seguridad adecuadas. El coronel Torres confirmó las personas capturadas fueron sorprendidas mientras extraían oro de forma rudimentaria, contaminando afluentes cercanos y poniendo en peligro sus propias vidas al trabajar en condiciones precarias.
En el lugar, los uniformados procedieron a la destrucción de las herramientas, edificaciones y maquinaria utilizadas en la actividad ilegal. Entre los elementos incautados se encontraban 20 motores, un moledero y siete clasificadoras, equipos que permitían la extracción de aproximadamente 450 gramos de oro al mes. Esta producción generaba ingresos estimados en $500 millones, recursos que, según las autoridades, eran destinados a financiar actividades de grupos armados ilegales.
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