
Hay preocupación en el departamento del Valle del Cauca por la creciente inseguridad que se vive en esa región, aparentemente, por el posible renacimiento de Los Rastrojos, una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de las últimas décadas en el país.
Esta estructura, que parecía desarticulada tras la extradición de sus principales líderes y la desmovilización de los paramilitares entre 2003 y 2006, estaría reconfigurándose bajo el nombre de “Nueva Generación de los Rastrojos”.
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Este grupo, que opera en zonas como el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, ha sido vinculado a un aumento en los casos de extorsión y violencia en la región.
La primera alerta sobre esta situación surgió el 5 de marzo, cuando Viviana Mena Zapata, alcaldesa del municipio de Río Frío, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por parte de este grupo criminal.

Durante una rueda de prensa, la mandataria señaló que el grupo ilegal habría heredado el control de la zona tras el desplazamiento de la banda conocida como La Inmaculada, que operaba en cercanías de Tuluá. Mena Zapata también expresó su preocupación por la falta de protección estatal, lo que ha dejado a su municipio vulnerable frente a estas estructuras delictivas.
De acuerdo con documentos reservados de la fuerza pública citados por El Espectador, la “Nueva Generación de los Rastrojos” estaría liderada por antiguos miembros de la organización original, entre ellos Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, que actualmente cumple una condena en la cárcel La Picota de Bogotá.
Este individuo, que en el pasado trabajó bajo las órdenes de Wilber Varela, alias Jabón, ha sido señalado como el jefe de La Inmaculada y como el principal responsable de una red de extorsión que opera desde prisión.
Según las autoridades, Pipe Tuluá habría ordenado asesinatos y ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como represalia por su fallido intento de mediar entre el Gobierno y el crimen organizado del Valle del Cauca.
El historial de alias Pipe Tuluá incluye confesiones directas sobre su participación en actos violentos. En mayo de 2024, admitió públicamente haber ordenado el asesinato del actual alcalde de Tuluá, lo que reforzaría las sospechas sobre su rol como líder de esta estructura criminal.
Además, informes de inteligencia indican que La Inmaculada ha utilizado nombres como “La Oficina de Tuluá” o “El cartel del Cilantro y la Cebolla” para despistar a las autoridades, mientras continúa con prácticas violentas como la decapitación de sus víctimas.
Asimismo, el presunto resurgimiento de Los Rastrojos también ha puesto en el foco a antiguos líderes de la organización, como los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, conocidos como los Comba; y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo.
Según El Espectador, los Comba, que se entregaron a la justicia estadounidense en 2012 y obtuvieron su libertad en 2020, habrían retomado actividades delictivas desde el extranjero.
Una denuncia presentada en marzo de 2022 ante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) señala que los hermanos Calle Serna estarían financiando una red internacional de narcotráfico desde Colombia, con el apoyo de antiguos aliados que nunca fueron procesados penalmente.
Por su parte, Diego Rastrojo, actualmente condenado en Estados Unidos desde 2013, ha sido acusado de intentar influir en la guerra interna entre Pipe Tuluá y otros miembros de la organización.

En un panfleto atribuido a La Inmaculada, fechado en febrero de 2025, se le acusa de ordenar asesinatos y de colaborar con miembros activos de la Policía Nacional para realizar “falsos positivos”.
Entretanto, el Valle del Cauca, históricamente afectado por el narcotráfico y el crimen organizado, enfrenta una nueva ola de violencia que recuerda los años más oscuros del cartel del Norte del Valle. Según El Espectador, la reconfiguración de Los Rastrojos ha generado tensiones entre antiguos aliados, como lo demuestra el asesinato de alias Jerry, un sicario de la organización que fue ultimado en la cárcel de Jamundí en noviembre de 2024.
Además, la expansión de grupos como La Inmaculada y las disidencias de las Farc en municipios como Sevilla ha llevado al Ejército a planificar la creación de un batallón en esta zona.
Entretanto, los procesos judiciales de los hermanos Comba en Estados Unidos también han revelado el alcance de su poderío económico y criminal. Según documentos de la Corte del Distrito Este de Nueva York, los Calle Serna entregaron bienes valorados en más de 1.000 millones de dólares (aproximadamente 3.6 billones de pesos colombianos en ese momento) como parte de su acuerdo con la justicia. Estos bienes incluían 46 fincas, cuentas bancarias y dinero decomisado por la DEA entre 2012 y 2015.
A pesar de las acusaciones recientes, los abogados de los Comba aseguran que sus clientes han cumplido con sus compromisos legales y que no tienen vínculos actuales con el crimen organizado. Incluso, señalan que Luis Enrique Calle Serna se ha convertido en pastor cristiano y que ambos hermanos están bajo supervisión de la DEA y el FBI.
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