Air-e confirmó que no habrá aumentos en la factura de energía durante abril en los departamentos en los que presta el servicio

La empresa Air-e, actualmente intervenida, confirmó que las tarifas de energía para el mes de abril no tendrán cambios; es decir, que tendrá un costo unitario en 943 pesos por kilovatio hora.

Diana Bustamante, nueva agente especial de la compañía, aseguró que esta decisión permitirá beneficiar a más de cinco millones de familias.

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“Logramos mantener la estabilidad en las tarifas sin generar incrementos para abril gracias a medidas implementadas, como los nuevos contratos de energía suscritos de manera directa con los generadores para 2025 y 2026. Esto nos permitirá un mayor cubrimiento en contratos de la demanda de energía de los usuarios, reduciendo la exposición a la volatilidad de los precios de la bolsa de energía y, por ende, podremos prestar un servicio a precios competitivos”, aseveró Bustamante.

A través de un comunicado, Air-e señaló que, desde la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en septiembre de 2024, los usuarios en Atlántico, La Guajira y Magdalena han experimentado tarifas por debajo del promedio nacional.

Según la compañía, esta situación contrasta con la de otros departamentos de la región Caribe y diversas zonas del país, donde el precio de la electricidad supera los 1.000 pesos por kilovatio hora.

La compañía energética también anunció la designación de un equipo exclusivo con el propósito de revisar al menos 2.000 solicitudes acumuladas de conexión en proyecto de autogeneración de energía, que según Air-e, ya se han tramitado 750.

La decisión de Air-e se da luego de que el presidente Gustavo Petro propusiera congelar las tarifas de energía durante tres meses en la región Caribe, luego de una reunión con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía.

El suministro de energía en la región Caribe enfrenta un panorama crítico, y la intervención de la empresa distribuidora Air-e llevó a las autoridades a buscar soluciones urgentes para evitar un colapso en la prestación del servicio. En este contexto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SuperServicios) solicitó la colaboración de importantes empresas del sector energético con el fin de garantizar el suministro y la transmisión de energía a precios más asequibles.

La petición está dirigida a compañías clave en el mercado eléctrico, como AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, Isagen e ISA Intercolombia, a quienes se les instó a actuar bajo un principio de solidaridad. El objetivo es que ofrezcan la energía y los servicios de transmisión a precios que no superen la condición de costo-eficiencia, con el fin de reemplazar el suministro de alto costo y permitir la estabilidad de Air-e mientras logra recuperar su viabilidad financiera.

La crisis de Air-e, que hasta 2024 acumulaba pérdidas por 1,4 billones de pesos y que en 2025 se proyecta con un déficit superior a los 2,5 billones, es un factor determinante en esta solicitud. La misma empresa fue la que solicitó su intervención ante el riesgo inminente de una crisis financiera que amenazaba con afectar el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde atiende a más de 1,2 millones de usuarios.

El problema que enfrenta Air-e no es reciente. Su operación comenzó como parte de la reestructuración del servicio de energía en la región Caribe tras la liquidación de Electricaribe, con la intención de mejorar la prestación del servicio y garantizar la estabilidad en la distribución. Sin embargo, las dificultades financieras de la empresa son persistentes, en parte porque el mismo Estado se encuentra entre sus principales deudores, lo que generó problemas de liquidez y limitó la capacidad de inversión para mejorar la infraestructura y la calidad del servicio.

Ante este panorama, SuperServicios recordó que la ley establece la obligación de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía, incluso en situaciones de quiebra, liquidación o intervención de las empresas responsables. En este sentido, el llamado a la solidaridad de las generadoras busca evitar interrupciones que puedan afectar a los usuarios y generar un impacto negativo en la región.