La sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia enfrenta serios cuestionamientos debido a la reciente definición de la unidad de pago por capitación (UPC) 2025, según un grupo de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social.
En una comunicación pública, los firmantes expresaron su alarma por el proceso que llevó a la aprobación de la resolución 2717 de 2024, señalando que esta decisión careció del rigor técnico y metodológico exigido por las normas legales y constitucionales.
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De acuerdo con los exfuncionarios, la resolución vulneró principios fundamentales como la legalidad, la seguridad jurídica, la transparencia y la eficiencia en el gasto público. Además, destacaron que la falta de estudios actuariales y financieros rigurosos pone en riesgo la capacidad del sistema para garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Según lo estipulado por la ley, el Estado tiene la obligación de asegurar una financiación suficiente para la atención en salud, lo que implica que las decisiones relacionadas con la UPC deben basarse en análisis técnicos que reflejen las necesidades reales de la población y los costos asociados.
Consecuencias de una financiación insuficiente
Además, el grupo de exministros advirtió que la insuficiencia de recursos derivada de decisiones mal fundamentadas podría tener graves repercusiones para millones de colombianos. Entre las consecuencias mencionaron el deterioro de la calidad de los servicios de salud, barreras de acceso, desabastecimiento de medicamentos, cierre de servicios y retrasos en la atención médica. Estas situaciones, señalaron, afectan directamente la vida y el bienestar de los pacientes, especialmente de aquellos que dependen del sistema para tratar enfermedades complejas.
Los exministros enfatizaron que los estudios técnicos no son un formalismo, sino un requisito indispensable para garantizar la sostenibilidad del sistema. Ignorar estos fundamentos, afirmaron, no solo representa una falla administrativa, pues también tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.
Críticas al debilitamiento técnico del Ministerio de Salud
Otro punto de preocupación destacado en la comunicación fue el debilitamiento progresivo de la capacidad técnica del Ministerio de Salud y Protección Social. Según los exfuncionarios, en lugar de fortalecer la experiencia acumulada durante años para la toma de decisiones informadas, se ha desmantelado la estructura técnica del Ministerio. Esto, advirtieron, plantea serias dudas sobre la idoneidad de las decisiones adoptadas en relación con la suficiencia de la UPC y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
El debilitamiento técnico resulta especialmente preocupante en el contexto de la mesa técnica ordenada por la Corte Constitucional para evaluar la suficiencia de la UPC. Según los exministros, esta mesa aún no ha iniciado su trabajo y su convocatoria no cumple con los criterios de representatividad establecidos en el Auto 007 de 2025. La falta de un análisis técnico riguroso y transparente, señalaron, pone en duda la capacidad del gobierno para garantizar que los recursos asignados sean adecuados para atender las necesidades de la población.
Llamado a la transparencia y al cumplimiento de la ley
En su declaración, los exministros también rechazaron las expresiones ofensivas y sin fundamento emitidas por el presidente de la República y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional. Según los firmantes, estas declaraciones, dirigidas contra senadores, pacientes, profesionales de la salud y exfuncionarios, desvían la discusión de los principios técnicos y democráticos que deberían guiar las decisiones sobre el sistema de salud.
El grupo hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con la ley, la Constitución y los mandatos de la Corte Constitucional. Asimismo, invitaron a los diversos actores del sector salud y a la opinión pública a unirse en defensa del sistema de salud, más allá de las discusiones sobre la reforma. Subrayaron que la salud de millones de colombianos no puede depender de decisiones improvisadas ni de intereses políticos o electorales.
Finalmente, los exministros insistieron en que garantizar el derecho a la salud requiere definiciones basadas en evidencia, una planeación financiera adecuada y una institucionalidad técnica fuerte e independiente. Según ellos, solo a través de un enfoque riguroso y transparente se podrá asegurar que el sistema de salud colombiano continúe siendo sostenible y capaz de responder a las necesidades de la población.
La comunicación de los exfuncionarios pone de relieve los desafíos que enfrenta el sistema de salud en Colombia y la necesidad de adoptar medidas que prioricen el bienestar de los ciudadanos sobre cualquier otro interés.
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