Comercios afectados por la construcción de obras en Bogotá recibirían beneficios tributarios

De acuerdo con el concejal Julián Uscátegui, en Bogotá, cerca del 69% de las obras públicas en ejecución presentan retrasos, esto a partir de información oficial obtenida del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que estaría afectando a los comercios de las zonas que están siendo intervenidas por el distrtio.

Para el cabildante, dicha situación está generando un impacto económico significativo en los comerciantes, quienes reportan pérdidas de entre el 50% y el 70% en sus ingresos, lo anterior basado en cifras oficiales de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes).

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Ante este panorama, Uscátegui presentó al Concejo de Bogotá un Proyecto de Acuerdo que busca aliviar la carga fiscal de los propietarios y poseedores de inmuebles comerciales afectados por estas intervenciones urbanas.

La propuesta, según informó el concejal, contempla una exención parcial del impuesto predial durante el período de afectación. Además, se está considerando extender este beneficio al impuesto de industria y comercio (ICA). “No es justo que los comerciantes paguen impuestos completos mientras sus negocios sufren pérdidas por intervenciones del Distrito. Esta medida busca aliviar el impacto económico y garantizar la equidad tributaria”, afirmó Uscátegui, según consignó el medio.

De acuerdo con el análisis presentado en el proyecto, los inmuebles ubicados en las zonas intervenidas suelen experimentar una disminución en su valorización debido a factores como el ruido, la reducción en la accesibilidad y la pérdida de clientes. Sin embargo, los propietarios continúan pagando un impuesto predial calculado con base en un valor catastral que no refleja estas circunstancias. La propuesta de Uscátegui pretende equilibrar esa situación mediante la implementación de descuentos tributarios.

El Proyecto de Acuerdo establece que los propietarios o poseedores de inmuebles comerciales afectados deberán presentar una solicitud formal ante la Secretaría Distrital de Hacienda, acompañada de un acto administrativo que certifique la afectación del inmueble. Una vez verificada la documentación, la Secretaría emitirá una resolución que otorgará la exención tributaria correspondiente al período fiscal afectado.

Asimismo, el proyecto incluye una disposición para que los beneficiarios puedan acceder a una renovación automática del descuento mientras persista la afectación. En caso de que la situación se normalice, el beneficio será revocado. Según explicó el concejal Uscátegui, esta medida busca garantizar que las intervenciones públicas no se conviertan en una “condena de muerte” para los empresarios y sus empleados.

Además de aliviar la carga financiera de los contribuyentes, la implementación de descuentos tributarios podría generar una percepción más favorable hacia los proyectos de renovación urbana. Esto, a su vez, podría facilitar los procesos de adquisición de predios y disminuir las tensiones entre la Administración Distrital y los ciudadanos afectados.

El proyecto también busca promover una mayor colaboración entre las autoridades y los contribuyentes, incentivando el apoyo a las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la ciudad. Según el análisis presentado, esta medida no solo beneficiaría a los comerciantes, sino que también contribuiría a mejorar la relación entre el Distrito y la ciudadanía.

Uscátegui destacó que el comercio es un motor fundamental para la economía de Bogotá y que es responsabilidad del Distrito garantizar condiciones justas para los empresarios. “Este alivio tributario es un acto de justicia y responsabilidad que esperamos sea acogido por el distrito”, señaló.

La lógica detrás de la propuesta radica en la compensación por los perjuicios temporales derivados de las obras. Según el proyecto, reducir el impuesto predial hasta la finalización de las intervenciones permitiría proteger la estabilidad económica de los propietarios y comerciantes afectados, al tiempo que fomentaría un mayor apoyo ciudadano a los proyectos de infraestructura pública.

Con cerca de 1.500 frentes de obra activos en la ciudad, para el cabildante su iniciativa representada es un paso hacia la construcción de una política fiscal más equitativa y sensible a las realidades económicas de los contribuyentes. La iniciativa quedó en manos del Distrito Capital que deberá evaluar la viabilidad de la propuesta.