Una controversial respuesta dio la Alcaldía de la capital colombiana, luego de que miércoles 19 de marzo se conociera un supuesto comunicado de la Universidad del Rosario donde advertían que se incrementaría la vigilancia en los alrededores de su sede, luego de que recibieran información de posibles peligros para las instituciones de educación superior en la ciudad.
“[Se] recibió por parte de las autoridades competentes la notificación de la existencia de posibles amenazas contra algunas instituciones educativas en la capital del país. Con el objetivo de garantizar el bienestar de nuestra comunidad y de la mano con las autoridades, hemos decidido reforzar la seguridad de la Universidad”, informaron.
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En la misiva también le solicitaron comprensión a la comunidad educativa por las nuevas medidas con las que buscan “garantizar la protección” de esa institución.
Ante ese aviso, que se conoció por redes sociales, aunque no por las oficiales de esa alma mater, desde la Secretaría de Seguridad desestimaron los mencionados peligros que se advirtieron.
“Frente a información (...) sobre riesgos extraordinarios de seguridad para centros universitarios privados de la ciudad, el Gobierno Distrital encontró que no ha sido comprobado dicho riesgo ni existen verificaciones de fuentes que puedan dar lugar a acciones extraordinarias por amenazas puntuales”, indicaron en una misiva.
Agregaron que en el Distrito, junto con “la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército Nacional y la Fiscalía Seccional de Bogotá” constantemente se mantenían “en la identificación, verificación y gestión de riesgos de seguridad y terrorismo para proteger la vida e intereses de los bogotanos” y reiteraron que no había información de amenazas.
“El Centro Integrado Antiterrorismo CI3 de Bogotá, conformado por la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Brigada XIII del Ejército Nacional y Fuerza Área Colombiana — CATAM, ha informado a la administración distrital que tras la verificación de información al respecto no ha encontrado motivos fundados para determinar dicho riesgo extraordinario [sic]”, aseguraron.
El Ministerio del Interior cuestiona el plan de seguridad de Carlos Fernando Galán en Bogotá
El Ministerio del Interior ha expresado preocupaciones sobre el programa de seguridad denominado “Guardianes del Orden”, propuesto por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Este plan busca integrar a expolicías y miembros retirados de la fuerza pública en labores de convivencia y seguridad en la capital colombiana, generando polémica por los posibles riesgos al establecer estructuras paralelas a la Policía.
En un documento oficial del 17 de marzo de 2025, el viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos, Gabriel Rondón, pidió al alcalde aclaraciones sobre los objetivos y funciones específicas de este grupo. En esta comunicación, se destacó la importancia de que el programa respete los principios de derechos humanos y fomente la convivencia pacífica. Además, se enfatizó que la implementación de esta iniciativa debe ser evaluada cuidadosamente debido a experiencias previas en el país que resultaron problemáticas al manejar estructuras similares.
El Ministerio advirtió que la creación de cuerpos de seguridad alternativos podría generar complicaciones como abuso de poder, problemas de coordinación o conflictos con las instituciones oficiales. El viceministro Rondón, en su comunicación, calificó estas experiencias pasadas como “amargas” y subrayó los riesgos de operar con grupos que trabajen de manera paralela a la Policía. También se enfatizó que cualquier estrategia debe estar alineada con las instituciones existentes para evitar duplicidades y promover un impacto social positivo.
Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán ha defendido el proyecto como una medida destinada a reforzar la seguridad en Bogotá, una ciudad que enfrenta desafíos importantes en esta área. El programa propone utilizar la experiencia de exmiembros de la fuerza pública para labores de convivencia y apoyo comunitario. Sin embargo, la falta de claridad sobre las funciones específicas de los “Guardianes del Orden” ha generado inquietudes tanto en el Ministerio como en otros sectores.
El viceministro Rondón insistió en que el proyecto debe diseñarse con un enfoque claro que priorice los derechos humanos y garantice la supervisión adecuada para quienes ya no forman parte activa de las fuerzas oficiales, asegurando siempre su actuación dentro del marco legal.
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