En un contexto marcado por el reciente hundimiento de la ley de financiamiento, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, planteó una propuesta que busca redistribuir las cargas económicas relacionadas con la opción tarifaria.
Durante su primer encuentro oficial con representantes del sector minero-energético en Cartagena, Palma sugirió que los sectores con mayores ingresos del país sean los responsables de asumir este costo.
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La propuesta del ministro incluye a los sectores industrial y comercial, así como a los hogares pertenecientes a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6.
De acuerdo con Palma, esta medida busca aliviar la presión económica sobre los sectores más vulnerables, quienes actualmente enfrentan dificultades para cubrir los costos de los servicios energéticos.
La opción tarifaria, un mecanismo que permite diferir el pago de las facturas de energía, ha sido una herramienta clave para garantizar el acceso al servicio en medio de las fluctuaciones económicas. Sin embargo, tras la caída de la ley de financiamiento, el Gobierno se enfrenta al desafío de encontrar alternativas para sostener este esquema sin comprometer la estabilidad financiera del sector energético.
Palma enfatizó que su propuesta está en fase de discusión y que es necesario analizarla en detalle. “Es una propuesta sobre la mesa que creo que vale la pena revisar”, señaló.
Además, defendió la idea de que los sectores con mayores ingresos contribuyan más en un sistema tributario basado en la solidaridad. “Los que más tienen, más deben aportar”, agregó el ministro.
Ante la pregunta sobre si esta medida sería injusta para los sectores de mayores ingresos, Palma respondió que la responsabilidad inicial del Gobierno era llevar la iniciativa al Congreso, pero que este organismo decidió archivarla. “El Congreso de la República decidió en contra de los intereses del pueblo”, afirmó.
El ministro también mencionó que el esquema de asunción de costos podría plantearse en un horizonte de ocho a diez años, permitiendo que los estratos 1 y 2 sean los principales beneficiados.
No obstante, destacó que el debate sigue abierto y que es necesario revisar cifras y evaluar su viabilidad a largo plazo.
¿Cómo está la situación de la opción tarifaria?
El Gobierno enfrenta un panorama complejo en el sector energético, con una deuda acumulada que asciende a $7,6 billones, según un informe de enero de 2024 de la Contraloría General de la República.
Este monto, que incluye obligaciones por subsidios y la denominada opción tarifaria, podría comprometer la estabilidad financiera de las empresas de energía y gas, así como impactar directamente a los usuarios más vulnerables.
La entidad de control ha emitido una alerta para que se tomen medidas inmediatas que eviten un posible racionamiento energético y un aumento en las tarifas de los servicios públicos.
De acuerdo con la Contraloría, el Gobierno debe priorizar el pago de $3.4 billones correspondientes a la opción tarifaria, un mecanismo que permite a los usuarios diferir el pago de sus facturas de energía.
Además, se deben girar $2.7 billones del Presupuesto General de la Nación para cubrir los subsidios acumulados, junto con otros $628.000 millones por deudas relacionadas con el uso del gas natural. Estas cifras, que representan un desafío significativo para las finanzas públicas, podrían aumentar aún más si no se implementan soluciones efectivas.
La Contraloría ha advertido que los retrasos en los giros para cubrir los subsidios y la Opción Tarifaria están afectando la liquidez de las empresas prestadoras de servicios de energía y gas.
Según el informe, esta situación podría derivar en el desmonte de los subsidios actuales, lo que incrementaría los costos de las facturas para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, quienes dependen en gran medida de estas ayudas para acceder a los servicios básicos.
“Los usuarios con menos recursos en estratos 1, 2 y 3, puedan ver incrementados los costos de las facturas si no se giran los recursos y pagos por parte del gobierno correspondientes a subsidios y opción tarifaria”, señaló la Contraloría en su comunicado.
Además, el organismo destacó que la deuda acumulada por entidades estatales con los prestadores de servicios sigue creciendo, lo que agrava aún más la situación.
Ante este panorama, la Contraloría ha convocado a los Ministerios de Energía y Hacienda, así como a la Procuraduría General de la Nación, para que diseñen y ejecuten un plan que permita solventar el déficit en los esquemas de subsidios. La entidad subrayó la necesidad de actuar con celeridad para evitar un daño al patrimonio estatal y garantizar la sostenibilidad del sistema energético.
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