Radican proyecto ‘Chao Elefantes Blancos’ para combatir la corrupción en la contratación estatal: de qué se trata

En un esfuerzo por frenar la corrupción en la contratación pública y poner fin a las obras inconclusas que han afectado el desarrollo del país, se radicó en el Congreso de la República el proyecto de Ley Chao Elefantes Blancos. La iniciativa busca reformar profundamente la Ley 80 de 1993, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

La iniciativa surge como una respuesta a la crisis de contratación pública en Colombia, evidenciada en las más de 1.753 obras inconclusas registradas hasta 2023, con un costo acumulado de $15,2 billones, según la Contraloría General de la República. Estos proyectos, que van desde hospitales y escuelas hasta carreteras y puentes, quedaron abandonados debido a problemas de corrupción, mala planeación y falta de control efectivo.

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Es importante señalar que un elefante blanco es una obra de infraestructura, un programa, un proyecto o un servicio que, lejos de cumplir su propósito, termina siendo un símbolo de ineficiencia y desperdicio de recursos. Estas iniciativas quedan inconclusas o inoperantes, no generan beneficios socioeconómicos, presentan costos que superan sus ventajas y, en muchos casos, se desvían de su objetivo inicial. Además, al quedar abandonadas, pueden representar un riesgo para las comunidades y evidencian fallas en la planeación y ejecución de los recursos públicos.

La iniciativa legislativa propone una transformación en la forma en que el Estado maneja los contratos de infraestructura y servicios públicos, estableciendo mecanismos más rigurosos para prevenir la corrupción y garantizar la ejecución efectiva de los proyectos. Entre sus principales objetivos se encuentran:

• Reducción de la corrupción: eliminación de sobrecostos y mecanismos que facilitan la malversación de recursos.
• Garantía de finalización de obras: asegurar que proyectos de infraestructura sean entregados y operativos.
• Mayor transparencia: obligación de publicar todos los documentos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).
• Participación ciudadana: creación del Incidente de Objeciones Ciudadanas para permitir denuncias en cualquier etapa de contratación.
• Sanciones más severas: incremento de multas y penas de inhabilidad para quienes incurran en irregularidades.

La propuesta fue impulsada por un grupo de legisladores y sectores comprometidos con la lucha contra la corrupción en el país, entre los que destacan, representante Olga Lucia Velásquez (Partido Verde); representante Carlos Alberto Carreño, también conocido como Sergio Marin (Partido Comunes); senadora Aída Avella (Unión Patriótica); y el representante Modesto Enrique Aguilera (Cambio Radical). Su propósito es que el Estado deje de ser un simple ‘gestor de contratos privados’ y asuma un rol más activo en la ejecución y control de los proyectos públicos.

Uno de los cambios más importantes que introduce la iniciativa es la reestructuración del modelo de contratación estatal. Anteriormente, la Ley 80 permitía la contratación con privados sin un orden de preferencia claro, lo que facilitaba que empresas con antecedentes de corrupción siguieran participando en licitaciones públicas. Con la iniciativa, se establece que el Estado debe ejecutar las obras y prestar los servicios como primera opción, dejando la contratación con terceros solo como alternativa cuando sea estrictamente necesario.

Además, se prohíbe la subcontratación con empresas externas en convenios interadministrativos, evitando que terceros se lucren con funciones que deberían ser gestionadas directamente por el Estado. De igual forma, se fortalecen los mecanismos de control, permitiendo que la Procuraduría, la Contraloría y veedurías ciudadanas soliciten la nulidad de contratos cuando se detecten irregularidades.

El proyecto también busca endurecer las sanciones para los responsables de irregularidades en la contratación pública. Se incrementan las multas de 20 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) y de 150 a 200 smlmv, además de ampliar la inhabilidad para ejercer funciones públicas hasta 12 años en casos de corrupción.

Asimismo, se amplía la responsabilidad a servidores públicos, contratistas, consorcios, interventores y asesores, estableciendo que todos los actores involucrados en el proceso contractual deberán responder solidariamente por el impacto socioeconómico y ambiental de los contratos. Esto busca eliminar la impunidad y evitar la proliferación de ‘empresas fachada’ que incumplen y luego desaparecen sin consecuencias.

Otro de los aspectos novedosos de la propuesta es la inclusión de comunidades en la gestión de proyectos con el Estado. La nueva normativa permitirá que organizaciones como Juntas de Acción Comunal, Cabildos Indígenas, Consejos Comunitarios y organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras participen directamente en la ejecución de obras y servicios públicos.