El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó en su más reciente informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Estupefacientes (Incsr) que Colombia ha logrado avances significativos en la interdicción de drogas, estableciendo récords históricos en incautaciones de cocaína y precursores químicos.
Sin embargo, el documento también advierte sobre el continuo aumento en el cultivo de coca y la necesidad de fortalecer la inversión en desarrollo rural para abordar de manera sostenible el narcotráfico.
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Según el informe, Colombia confiscó más de 841 toneladas métricas de cocaína pura y base de cocaína en 2023, lo que representó un incremento del 10% en comparación con el año anterior.
Además, el Ministerio de Defensa colombiano reportó que en 2024 se superaron estas cifras. La cooperación con Estados Unidos ha sido clave en este resultado, con un fortalecimiento en las operaciones conjuntas y el desmantelamiento de redes de tráfico.
Uno de los aspectos más destacados del informe es el aumento en la interdicción de precursores químicos. Entre enero y septiembre de 2024, Colombia incautó 3.046 toneladas métricas de precursores sólidos y más de 4,7 millones de galones de precursores líquidos, utilizados en la producción de narcóticos.
El decomiso de ácido sulfúrico en 2024, sustancia clave en el procesamiento de la cocaína, creció un 268% en comparación con el mismo período de 2023.
A pesar de estos avances, el informe advierte que las organizaciones criminales han adaptado sus estrategias, lo que ha llevado a una ligera reducción en la cantidad total de cocaína incautada en los primeros meses de 2024.
El informe del Departamento de Estado señala que, aunque la interdicción ha aumentado, los cultivos de coca también han crecido. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el área cultivada pasó de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023, un incremento del 10%.
Aunque esta cifra representa un nuevo récord, el informe resalta que la tasa de crecimiento se ha desacelerado en comparación con años anteriores, cuando el aumento fue del 43% entre 2020 y 2021 y del 13% entre 2021 y 2022.
El Departamento de Estado enfatizó que estos cultivos siguen siendo el motor financiero de economías criminales y generan inestabilidad en las comunidades rurales.
Se recomendó al Gobierno colombiano fortalecer la presencia estatal en las zonas más afectadas y ampliar la inversión en programas de sustitución de cultivos ilícitos.
Otro de los aspectos señalados en el informe es el impacto ambiental del narcotráfico. La deforestación causada por los cultivos de coca y la minería ilegal han provocado daños significativos en ecosistemas estratégicos.
El Departamento de Estado destacó los esfuerzos del Gobierno colombiano para combatir estos delitos ambientales y subrayó la importancia de una política integral que aborde tanto el narcotráfico como la destrucción ambiental que este genera.
La Misión Cauca y la Política Nacional de Drogas 2023-2033
En respuesta a estos desafíos, la Cancillería colombiana resaltó que la administración de Joe Biden acogió con satisfacción la Política Nacional de Drogas 2023-2033, titulada “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”.
Esta estrategia busca reducir en un 40 % el cultivo de coca y facilitar la transición de 50.000 pequeños cocaleros hacia economías legales antes de que finalice el mandato de Gustavo Petro en 2026.
Como parte de esta política, en junio de 2024 se lanzó la Misión Cauca, una iniciativa conjunta entre Colombia y Estados Unidos para mejorar la seguridad y el desarrollo en una de las regiones más golpeadas por el narcotráfico.
En octubre de 2024, el Gobierno colombiano desplegó 1.400 militares y policías en El Plateado, Cauca, con el objetivo de combatir a la disidencia de las Farc autodenominada Ejército del Pueblo (Farc-Ep), grupo designado como organización terrorista por Estados Unidos.
A pesar de los avances logrados en interdicción y cooperación bilateral, el Departamento de Estado instó al Gobierno colombiano a intensificar sus esfuerzos para controlar los cultivos de coca y frenar el crecimiento del narcotráfico.
Se recomendó un mayor compromiso con la erradicación de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de programas de desarrollo rural para proporcionar alternativas económicas sostenibles a las comunidades afectadas.
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