El Gobierno de Gustavo Petro decidió recurrir a una consulta popular como estrategia para avanzar en la aprobación de las reforma laboral y de la salud, que son una de las principales promesas de campaña del mandatario.
Tal propuesta le sirvió de plataforma para llevar a cabo una movilización en favor de su gestión el 18 de marzo de 2025.
Esta decisión llegó después de que el proyecto fuera rechazado en la Comisión Séptima del Senado a principios de marzo, de manera que el Ejecutivo comenzó a perseguir alternativas para materializar su propuesta.
El plan incluye la emisión de nueve decretos reglamentarios y la consulta directa a los ciudadanos sobre aspectos clave de la reforma.
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Tras la jornada de marchas, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Gabriel Becerra, que además ha sido un defensor acérrimo de las ideas del presidente y del Gobierno, anunció que la colectividad del Pacto Histórico se moverá por la capital del país para promover un sí en favor de las reformas, para la consulta popular. A estas reuniones las llamó “una gira del Pacto Histórico”.
“#EncuentrosPorElCambio. Comenzamos la gira del Pacto Histórico en las 20 localidades de #Bogotá. Con el pueblo avanzaremos en la unidad y la constitución de los comités del SÍ a la #ConsultaPopularYa en defensa de las reformas y el cambio. Las y los esperamos el jueves 20 de marzo a las 5.30 pm en la Candelaria, el corazón de nuestra ciudad”, escribió en sus redes sociales.
El primer encuentro se realizará el jueves, 20 de marzo de 2025, en el barrio La Candelaria, específicamente en la Calle de las Sombrillas.
De acuerdo con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el Gobierno ya tiene delineada una hoja de ruta para implementar la reforma laboral. Mientras que algunos puntos serán regulados mediante decretos, otros serán sometidos a la consulta popular, cuyo contenido y alcance aún están en proceso de definición.
Aunque no se ha establecido una fecha para la realización de este mecanismo de participación ciudadana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que ya se han elaborado 11 de las 12 preguntas que se incluirán en la consulta. Sin embargo, para que esta iniciativa pueda llevarse a cabo, primero deberá ser aprobada por el Senado.
Académico Rodrigo Uprimny dice que consulta popular no puede aprobar la reforma laboral
El debate sobre la viabilidad legal de una consulta popular para decidir el futuro de la reforma laboral propuesta por el presidente Gustavo Petro ha tomado fuerza en Colombia. Según explicó el abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny, citado por El Colombiano, este mecanismo no puede ser utilizado para aprobar o rechazar directamente una reforma gubernamental.
Las declaraciones del jurista se dieron en el pódcast A Fondo, conducido por la periodista María Jimena Duzán, donde detalló los alcances y limitaciones de este recurso en el marco de la Constitución colombiana.
El anuncio de una posible consulta popular fue realizado por el presidente Petro el pasado 11 de marzo, luego de que ocho miembros de la Comisión Séptima del Senado firmaran la ponencia para archivar la reforma laboral impulsada por su gobierno. Este hecho marcó un revés significativo para la administración, que busca implementar cambios estructurales en el ámbito laboral. Sin embargo, la propuesta de someter el tema a la ciudadanía ha generado controversia, tanto en términos políticos como legales.
De acuerdo con las explicaciones de Rodrigo Uprimny, una consulta popular en Colombia requiere que el “sí” obtenga al menos el 30 % del censo electoral para ser válida, lo que equivale a más de 13 millones de votos. Sin embargo, incluso si se alcanza este umbral y el resultado es favorable, el mecanismo no tiene la capacidad de convertir automáticamente la decisión en una norma aplicable. “No es que entre a regir inmediatamente porque es una pregunta, no hay un texto normativo”, señaló el abogado.
Uprimny aclaró que, tras una consulta popular exitosa, el mandato ciudadano debe ser adoptado por las autoridades competentes. Esto implica que, dependiendo del caso, el Congreso tendría que expedir una ley o el presidente debería emitir un decreto para materializar la voluntad popular. E
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