Médicos de Colombia respondieron con contundencia a Petro por llamarlos “vampiros que trafican con la muerte”

El presidente Gustavo Petro ha desatado una nueva controversia en el sector salud tras calificar a los médicos y especialistas del país como “vampiros” que “trafican con la muerte”. Estas declaraciones, publicadas en su cuenta de X, generaron un fuerte rechazo por parte de los profesionales de la salud, quienes exigieron una rectificación inmediata.

El comentario del mandatario se dio en el contexto de la discusión sobre el aumento de la unidad de pago por capacitación (UPC), una parte vital del sistema de salud. En su mensaje, Petro afirmó: “Porque los expertos, los hombres y mujeres de la ciencia, se venden al mejor postor. La ciencia es lo más sagrado del ser humano. Decía el filósofo que la verdad la imponía el poder. Cada día que pasa con la salud en Colombia lo confirma. ¿Bajo qué precepto o ley fundamental científica está escrito que la salud es mejor si es un negocio? Traficar con la muerte es de vampiros, no de hombres de la ciencia”.

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El ataque del presidente fue una respuesta a Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que solicitó la participación del gremio médico en las mesas técnicas sobre la UPC.

La respuesta del sector salud no se hizo esperar. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas envió una carta al presidente Petro, rechazando sus afirmaciones y exigiendo una rectificación.

“Lamentamos profundamente las palabras con las que se refiere a quienes día a día nos dedicamos a salvar la vida de los colombianos. Referirse a nosotros como mercaderes o traficantes de la muerte no legitima las decisiones de su gobierno con relación al sistema de salud”, expresaron en la misiva.

Los médicos también recordaron las difíciles condiciones en las que trabajan y cómo la precarización del sistema afecta tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes. “Hemos venido poniendo de manifiesto el aumento en la precariedad de las condiciones del talento humano en salud, la falta de trato digno y las condiciones extremas en las que nos encontramos trabajando. La situación continúa en declive, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio de salud, sino la salud de nuestros pacientes”, puntualizaron.

En la petición, el presidente del gremio médico solicitó al jefe de Estado una rectificación a través del mismo medio en que se hizo la publicación: “Esta petición busca evitar malentendidos y contribuir a una conversación constructiva sobre cómo mejorar el sistema de salud. Entiendo que su intención es señalar problemáticas y abrir un debate importante, pero creo que es crucial que esta discusión se lleve a cabo con altura y de una manera que reconozca la integridad de los profesionales de la salud”.

El trasfondo de esta polémica radica en el aumento del 5,36% de la UPC para 2025, cifra considerada insuficiente por expertos y gremios del sector. La UPC define el monto anual que las EPS reciben por cada afiliado para garantizar la cobertura de los servicios de salud. Según los críticos, este ajuste no responde al incremento real en los costos de atención, insumos médicos y medicamentos, lo que podría poner en riesgo la calidad del servicio y la estabilidad financiera de las EPS.

Un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) concluyó que el incremento debería haber sido del 16,4%, porque hay un hueco fiscal de casi 22 billones de pesos en salud. En este contexto, la Fundación para el Estado de Derecho presentó una demanda ante el Consejo de Estado, buscando que se declare nulo el incremento de la UPC, argumentando que “fue expedida irregularmente y con falsa motivación”. Además, señalan que “pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud y afecta a millones de colombianos”.

Por su parte, el Ministerio de Salud justificó el ajuste basado en la inflación registrada en noviembre de 2024 y señaló que las inconsistencias en la información reportada por las EPS dificultaron una evaluación más precisa. Sin embargo, la Fundación para el Estado de Derecho y otros sectores han cuestionado que el cálculo no incluyera factores como la siniestralidad, las inclusiones tecnológicas y el rezago en el cálculo de costos.