Caso de Nancy López de Russo: Corte Suprema ratifica condena por pagar a grupos paramilitares para que mataran a un campesino

La Corte Suprema de Justicia, en un fallo de casación identificado con la radicación N° 55964, resolvió las demandas interpuestas por la defensa de Nancy María López de Russo y la Procuradora 22 Judicial Penal II de Valledupar, contra la sentencia dictada el 19 de julio de 2018 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupar.

El magistrado ponente, Diego Eugenio Corredor Beltrán, expuso en su argumentación que el caso reviste especial relevancia al involucrar el delito de homicidio en persona protegida, en el que la acusada fue señalada como determinadora. La resolución de la Corte, contenida en el Acta 47, busca establecer la justeza de los fundamentos del fallo emitido en segunda instancia, dado que en primera instancia se había absuelto a la acusada el 4 de abril de 2018.

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La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Valledupar en 2018 revocó la absolución de López de Russo y determinó su responsabilidad penal, imponiéndole una condena por el delito de homicidio en persona protegida. Este delito, tipificado en el Código Penal colombiano, castiga la privación de la vida de personas que gozan de protección especial en el marco del Derecho Internacional Humanitario, como civiles en contextos de conflicto armado.

El caso ha generado una intensa discusión jurídica, ya que la defensa argumentó en casación que existieron irregularidades en la valoración probatoria, así como una posible vulneración de garantías procesales. En ese sentido, la Corte Suprema ha asumido el examen de los cargos planteados en el recurso, evaluando si la condena impuesta se ajustó al principio de legalidad y justicia.

Así, la máxima instancia judicial ratificó la sentencia de 32 años de prisión impuesta a la ganadera Nancy María López de Russo por financiar a grupos paramilitares con el propósito de asesinar a un campesino que reclamaba tierras en 2003, con el fin de generar temor entre los parceleros y forzarlos a abandonar los terrenos asignados por el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) —era una entidad que brindaba apoyo a los campesinos y propietarios en la adquisición de tierras—.

El proceso judicial contra Nancy López de Russo, una ganadera de casi 74 años, llamó la atención pública debido a las circunstancias en las que se ha desarrollado. Detenida desde octubre de 2014 en la cárcel de Bucaramanga, la mujer enfrenta cargos de homicidio en persona protegida, porte ilegal de armas, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. La acusación principal en su contra se basa en el testimonio de un exparamilitar condenado por el crimen, que aseguró que ella había financiado el asesinato de un campesino en la región de Callao, en Valledupar.

El caso tiene su origen en la declaración de John Jairo Sánchez, alias Centella, que en mayo de 2009 confesó su responsabilidad en el asesinato de Luis Miguel Pérez, ocurrido en 2003. Sin embargo, en su testimonio también mencionó que Nancy López había pagado a su superior, alias 39, para que se cometiera el crimen. Esta declaración fue la base sobre la cual la Fiscalía inició el proceso contra López de Russo, pese a que en su momento no se presentaron pruebas contundentes que respaldaran la afirmación.

A lo largo del juicio, la defensa de López de Russo argumentó que su familia fue víctima de constantes abusos por parte de grupos armados ilegales en la región. Desde la década de los noventa, tanto las guerrillas de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como posteriormente las autodefensas, afectaron sus propiedades a través de robos de ganado, usurpación de tierras y extorsiones. Incluso, su esposo Manuel Russo fue secuestrado por el ELN y liberado tras el pago de una suma de dinero.

Uno de los aspectos más cuestionados del proceso ha sido la manera en que la justicia ha manejado la evidencia y los testimonios. Un testigo clave, Ómar Celedón, alias Cocoliso, también involucrado en los hechos, aseguró que Nancy López no había financiado el crimen y que lo único que ella hacía era pagar las cuotas impuestas por los paramilitares para poder mantener sus tierras. Además, las versiones de alias Centella presentaron múltiples contradicciones, lo que generó dudas sobre la veracidad de su acusación.

Pese a estas inconsistencias, en 2014 la Fiscalía avanzó rápidamente en el proceso y ordenó la captura de López de Russo cuando esta se presentó voluntariamente en Bucaramanga para conocer el estado de sus propias denuncias previas contra grupos armados ilegales. Desde entonces, había permanecido privada de la libertad sin una resolución definitiva de su caso, hasta la sentencia que llegó en 2018, misma que fue ratificada por la Corte Suprema.