La Corte Suprema de Justicia decidió que las investigaciones contra los congresistas presuntamente involucrados en el escándalo de recomendaciones en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) continuarán en dos despachos diferentes. La decisión busca resolver el conflicto de reparto que se había generado entre la magistrada Cristina Lombana y el magistrado Francisco Farfán, quienes llevan procesos paralelos sobre el mismo escándalo.
El viernes 14 de marzo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema emitió su decisión definitiva al respecto, indicando: “El conflicto de reparto propuesto por la honorable magistrada Cristina Lombana Velásquez se mantiene incólume, dejando la asignación en el despacho del honorable magistrado Francisco Farfán Molina del Radicado N.° 012921″.
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La investigación inició cuando el senador Jota Pe Hernández solicitó a la Corte Suprema que se indagara al excongresista y actual embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras. La petición surgió luego de que el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, mencionara a Barreras como una de las personas que lo habría buscado para recomendar nombramientos en la Dian.
“Tal como se indicó en el acápite de hechos, el señor Luis Carlos Reyes indicó al entrevistador que en la cena sostenida con el expresidente del Senado Roy Barreras, donde le pidió los nombramientos en la Dian, este a su vez, le hizo un comentario que para entonces le pareció curioso, pero que podría denotar una amenaza”, señala la denuncia presentada por el senador opositor.
A partir de esta solicitud, la magistrada Lombana abrió una indagación preliminar contra Barreras, la cual derivó en la llegada de nuevos nombres de congresistas supuestamente implicados. No obstante, parte de la información recabada por la Fiscalía General de la Nación fue remitida a la Secretaría General de la Sala de Instrucción y, sin notificación previa, se abrió otra investigación en el despacho del magistrado Francisco Farfán.
Este conflicto de competencia llevó a que el magistrado César Reyes, presidente de la Sala de Instrucción, tuviera que intervenir para resolver el reparto de los expedientes. Finalmente, se decidió que la investigación que se encuentra en el despacho de Farfán, que involucra a 32 congresistas y excongresistas, se mantendrá en su poder, mientras que la magistrada Lombana continuará con el proceso que ya adelanta contra al menos 60 legisladores.
Un escándalo que sacude al Congreso
La investigación sobre la supuesta red de influencias en la Dian se relaciona con un esquema de presuntos favores políticos en el que varios congresistas habrían recomendado personas para ocupar cargos en la institución. La situación se agrava debido a las denuncias sobre un entramado de corrupción en las aduanas, vinculado a alias Papá Pitufo, que supuestamente controlaba operaciones de contrabando en zonas estratégicas de la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
En su declaración, Reyes también mencionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, asegurando que intentó influir en los nombramientos en las aduanas de Barranquilla y Cartagena. Asimismo, se refirió a Adelina Covo, suegra de Benedetti, como parte de esta red de recomendaciones. Ante estos señalamientos, Benedetti respondió que las acusaciones del exministro tienen como finalidad “llamar la atención ahora que salió del gobierno del presidente Gustavo Petro”.
La relevancia del caso también ha generado suspicacias, pues dentro del listado de congresistas investigados figura el nombre de Leonardo Gallego, representante del Partido Liberal y miembro de la Comisión de Acusaciones del Congreso, entidad que actualmente investiga al magistrado Farfán por una supuesta filtración de información en un caso de compra de votos que involucra al senador José Alfredo Gnecco.
Con esta decisión, los dos magistrados continuarán investigando de manera separada a los congresistas implicados. Mientras Lombana avanza en su proceso contra 60 legisladores, Farfán sigue adelante con la indagación sobre 33 congresistas, algunos de los cuales también aparecen en el expediente de su colega.
La Corte también citó a Luis Carlos Reyes para rendir declaración sobre sus denuncias, así como a todos los congresistas mencionados en el listado que reveló el exfuncionario. La expectativa ahora está en las pruebas que puedan surgir y en las posibles consecuencias judiciales que podría tener este caso para el Congreso y el Gobierno nacional.
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