Desarticularon call center extorsivo en cárcel de Cundinamarca: contaba hasta con ventiladores para que los internos pudieran delinquir con comodidad

Un operativo efectuado por miembros del Gaula Militar Cundinamarca, de la Brigada 13 del Ejército Nacional y del Gaula Cundinamarca de la Policía Nacional, dejó a la luz cómo operaba un call center dedicado a realizar llamadas con fines extorsivos desde un centro penitenciario ubicado en el municipio de Guaduas.

Como si se tratara de una oficina común y corriente, los presos que operaban allí lo hacían, como se dice popularmente, “más preparados que un kumis”. En las diligencias, que contaron con el apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, se hallaron incluso electrodomésticos, como ventiladores, que formaban parte de los implementos utilizados por los reos para delinquir con toda organización.

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Las víctimas eran comerciantes de Bogotá y municipios aledaños en Cundinamarca, quienes recibían las llamadas. Según explicó el coronel Óscar Reyes, comandante del Gaula Militar de la Brigada 13 del Ejército Nacional, estas personas caían en una modalidad conocida como “llamada carcelaria”, en la cual los reclusos se hacían pasar por miembros de diferentes estructuras criminales para presionar a los comerciantes y obtener pagos extorsivos.

Esta intervención, que impactó el delito de extorsión, se llevó a cabo en el centro penitenciario La Pola de Guaduas, que ya había sido epicentro de otro operativo que se llevó a cabo a mediados de septiembre de 2024, y en donde el resultado fue similar, con un modus operandi idéntico.

Dentro de los detalles que dio a conocer el coronel Reyes junto con el mayor Cristian Rozo, comandante del Gaula Cundinamarca de la Policía, se confirmó que el resultado de la operación dejó la incautación de 23 celulares, 15 sim cards, 50 cargadores de batería y 37 accesorios para celulares, “que según la información recolectada por labores de inteligencia, serían utilizados para realizar llamadas extorsivas a comerciantes del centro del país”, explicó el oficial.

Esta acción hace parte del plan Ayacucho Plus, que también dejaron el decomiso de 25 armas cortopunzantes, 200 papeletas de estupefacientes, una gramera, 150 electrodomésticos, 10 radios y 200.000 pesos en efectivo.

La desarticulación de esta empresa criminal fue calificada como “un golpe las finanzas ilegales de estructuras criminales que delinquen en Bogotá y Cundinamarca”, precisó el comunicado de las autoridades.

Este esquema de extorsión que operaba desde el interior del establecimiento penitenciario La Esperanza, conocido como La Pola, en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, no era nada nuevo dentro del penal, debido a que el 26 de septiembre de 2024 fue desmantelado otro call center extorsivo por las autoridades colombianas.

El operativo, liderado por el Gaula Militar y la Policía Nacional, permitió identificar y desarticular esta red delictiva que estaba compuesta por reclusos, con el fin de extorsionar a comerciantes de Bogotá y municipios cercanos.

El allanamiento reveló la existencia de una estructura bien organizada dentro de las celdas. Los internos que cumplen condenas por delitos como hurto y extorsión, se hacían pasar por miembros de estructuras criminales para intimidar a sus víctimas y exigirles grandes sumas de dinero.

Según detalló el brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional en ese entonces, durante el operativo se incautaron 27 teléfonos móviles, 20 tarjetas SIM, 50 cargadores y 28 audífonos, todos utilizados para llevar a cabo las llamadas extorsivas.

El modus operandi de esta red criminal también era la “llamada carcelaria”, y por este método era que sembraban terror en los comerciantes de Bogotá y otras localidades cercanas con sus llamadas, en las que se les exigía el pago de sumas millonarias bajo amenazas de represalias.

La modalidad de extorsión telefónica desde cárceles no es un fenómeno nuevo en Colombia, pero el caso de La Pola destaca por la sofisticación de su operación. Los elementos incautados durante el operativo evidencian que los reclusos contaban con los recursos necesarios para mantener un flujo constante de llamadas y coordinar sus actividades ilícitas desde el interior del penal.