Caso Marelbys Meza: juicio contra el coronel Carlos Feria seguirá en la justicia ordinaria

El juicio contra el coronel Carlos Feria, ex jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, por el presunto uso irregular del polígrafo en el caso de Marelbys Meza, exniñera de la actual canciller Laura Sarabia, continuará en el Tribunal Superior de Bogotá. La Corte Constitucional decidió inhibirse de resolver un eventual conflicto de jurisdicción, desestimando el alegato de la defensa de Feria que buscaba trasladar el proceso a la Justicia Penal Militar.

La Sala Plena de la Corte abordó la controversia el 5 de marzo y desestimó la ponencia presentada por el magistrado Vladimir Fernández Andrade, que proponía que la justicia militar asumiera el caso, argumentando que los hechos investigados estaban relacionados directamente con las funciones de los uniformados. Sin embargo, la mayoría de magistrados consideró esta tesis inviable, permitiendo que el proceso continúe en la justicia ordinaria.

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La propuesta de Fernández Andrade, que fue secretario jurídico de la Presidencia hasta diciembre de 2023 y compañero de trabajo de Laura Sarabia en el Palacio de Nariño, generó una fuerte controversia dentro del alto tribunal. En su argumentación, el magistrado sostenía que la justicia militar debía conocer el caso, ya que los uniformados investigados actuaron en ejercicio de sus funciones cuando sometieron a Marelbys Meza a una prueba de polígrafo, en un intento de esclarecer el robo de un maletín de Sarabia con documentos y dinero.

“Para la Corte no resulta claro que los procesados hayan actuado con un propósito criminal en el momento en que ocurrieron los sucesos objeto de investigación y, por el contrario, se observa que su acción, aparentemente, se enmarcó dentro del ejercicio de las funciones constitucionales y legales”, sostenía la ponencia del magistrado. Sin embargo, esta postura fue rechazada por la Sala Plena, que consideró que no había una conexión directa entre las funciones de los investigados y los delitos imputados.

El principal argumento de la Corte para inhibirse de definir el conflicto de jurisdicción radicó en que, según sus pronunciamientos previos, el caso debe seguir en la justicia ordinaria, dado que la presunta víctima, Marelbys Meza, no era parte del esquema de seguridad presidencial ni un sujeto vinculado legalmente con la Casa de Nariño. Además, la prueba del polígrafo solo puede aplicarse a personal de seguridad y funcionarios del gobierno, no a civiles.

El caso se remonta a enero de 2023, cuando Laura Sarabia, en ese entonces jefa de despacho presidencial, reportó la pérdida de un maletín que contenía documentos y 7.000 dólares. Como parte de la investigación interna, Marelbys Meza fue trasladada desde su casa en Soacha hasta un edificio contiguo a la Casa de Nariño, donde fue sometida a una prueba de polígrafo sin su consentimiento. Durante el procedimiento, se le quitó su teléfono celular y se le intimidó para que confesara la ubicación del dinero extraviado.

Los presuntos responsables de este hecho, además del coronel Feria, incluyen al capitán Elkin Augusto Gómez, jefe de la sala de poligrafía; el intendente poligrafista John Alexánder Sacristán y el mayor Duván Andrés Muñoz, de la oficina de protección presidencial. Para la Fiscalía, hay pruebas contundentes de que estos funcionarios incurrieron en delitos como abuso de función pública, constreñimiento ilegal y acceso abusivo a medios informáticos.

Desde noviembre de 2023, cuando se realizaron las primeras imputaciones de cargos, la defensa de los procesados ha intentado en múltiples ocasiones trasladar el caso a la Justicia Penal Militar, pero los jueces han rechazado esta petición reiteradamente. En septiembre de 2023, ya hubo condenas relacionadas con el caso: los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales fueron sentenciados a 10 años de prisión por interceptar ilegalmente el teléfono de Marelbys Meza.

Con la decisión de la Corte Constitucional, el juicio contra el coronel Carlos Feria y los otros involucrados seguirá en la justicia ordinaria. La Fiscalía continúa recopilando pruebas y se espera que el Tribunal Superior de Bogotá determine las responsabilidades de los acusados; mientras tanto, este escándalo sigue generando cuestionamientos sobre el uso del poder y las garantías de los derechos humanos dentro del gobierno.

La decisión de la Corte de inhibirse de definir el conflicto de jurisdicción representa un golpe para la estrategia de la defensa de Feria, que buscaba que el caso fuera manejado por la justicia militar, un ámbito que suele favorecer a los uniformados en procesos judiciales. Con el caso en manos de la justicia ordinaria, el coronel Feria y sus subalternos enfrentarán un juicio con mayor escrutinio público y judicial, en un proceso que podría sentar un precedente sobre el abuso de poder dentro de las instituciones del Estado.