El 19 de febrero de 2025, los campesinos de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar) recibieron una notificación que podría cambiar negativamente sus vidas y dejar en el ojo del huracán al Gobierno de Gustavo Petro, que ha hecho un esfuerzo por cumplir con la entrega de tierras a víctimas del conflicto armado colombiano.
Un abogado, en representación del narcotraficante condenado Luis Alberto Urrego Contreras, les informó que debían abandonar los predios que les habían sido entregados provisionalmente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), basándose en la resolución de la Fiscalía 50, en la que afirmaba que se levantaba el “secuestro” de las tierras, permitiendo que Urrego Contreras, conocido como alias Bacon, pudiera explotarlas mientras se resolvía su proceso de extinción de dominio.
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De acuerdo con Rutas del Conflicto, la disputa por estas tierras tiene sus raíces en el desplazamiento forzado que sufrieron las familias de Asocadar en 1996, cuando fueron expulsadas de la hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar.
Desde entonces, las víctimas del conflicto armado han buscado la restitución de sus tierras, enfrentándose a un proceso legal prolongado y lleno de obstáculos. En diciembre de 2023, como parte de la política de reforma agraria del gobierno del presidente Gustavo Petro, la SAE entregó de manera provisional tres predios —El Amparo, El Porvenir y San Ignacio— a las familias de Asocadar, quienes cumplieron con los requisitos establecidos por la entidad, incluyendo el pago de una póliza contra todo riesgo de $8.000.000.
En efecto, en noviembre de 2024, durante un evento público en Cesar, el presidente Gustavo Petro anunció la entrega de más de 7.000 hectáreas en el departamento como parte de su compromiso con la reforma agraria.
En ese acto, la ANT entregó actas de tenencia y mejoras a los campesinos de Asocadar, reconociendo los cultivos que habían trabajado desde diciembre del año anterior.
Sin embargo, según reportó el medio especializado en conflicto armado, la situación dio un giro inesperado cuando la Fiscalía 50 emitió una resolución que devolvía la administración de los predios a Urrego Contreras, condenado en 2014 a 15 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de cocaína.
Urrego Contreras argumentó que la SAE había abandonado los terrenos, afectando sus derechos fundamentales y los de su madre, de 80 años, quien depende económicamente de él. Aunque la SAE tenía la posibilidad de presentar un recurso de reposición para demostrar que las tierras estaban siendo utilizadas en el marco de la reforma agraria, la entidad dejó vencer el plazo, dejando en firme la decisión de la Fiscalía.
La notificación del desalojo ha generado una profunda preocupación entre las familias de Asocadar, quienes invirtieron entre $15 y $30 millones en los predios para desarrollar cultivos y mejorar sus condiciones de vida.
Según el equipo jurídico de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompaña a los campesinos en este proceso, estas inversiones representan un esfuerzo por parte de las familias que hace décadas fueron desplazadas forsozamente de sus tierras, muchas de las cuales vendieron bienes para financiar sus proyectos agrícolas.
Adolfo Rodríguez, representante legal de Asocadar, denunció que el abogado de Urrego Contreras, Edwin Álvarez Garcés, llegó a los predios acompañado de maquinaria, trabajadores contratados y policías que no pertenecían al municipio. Estas acciones incluyeron la destrucción de viviendas construidas por la comunidad y la prohibición de sembrar nuevos cultivos.
Los representantes de las familias afectadas exigen respuestas al director de la ANT, Felipe Harman Ortiz, que respondió vía X que acompañarán a las víctimas en esta situación:
“La solicitud del bien extrañamente solicitada por la Fiscalía nos preocupa, es un grave antecedente que queremos que sea revisado con mayor rigor. Hicimos un negocio jurídico consolidado, acorde a la ley y a los tiempos. La @AgenciaTierras y la @activosSAE están de la mano, defendiendo a los campesinos”.
La presunta omisión ha dejado a los campesinos en una situación de vulnerabilidad, enfrentándose a un posible desalojo inminente. Además, se afirmaron sentirse utilizados por el Gobierno, que hace poco les entregó las tierras con “bombos y platillos”.
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