La Procuraduría General de la Nación solicitó la nulidad de una resolución expedida por el Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena Remanso-Chorrobocón, que permitía la sustracción de 1.043,37 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía para actividades mineras.
Según el concepto del Ministerio Público, la Resolución No. 009 de 2025, emitida por la comunidad, es ilegal porque vulnera el ordenamiento jurídico colombiano. La entidad enfatiza que la sustracción de zonas de reserva forestal nacional es una facultad exclusiva del Ministerio de Ambiente, según lo establecido en la Ley 99 de 1993.
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Asimismo, el organismo de control señaló que la resolución del resguardo desconoce lo dispuesto en el Decreto 1275 de 2024, el cual estipula que las autoridades indígenas deben coordinar sus acciones con el Ministerio de Ambiente para la protección de los ecosistemas. En ese sentido, la resolución en cuestión habría sido expedida sin contar con la participación ni la autorización de la cartera ambiental, lo que, según la Procuraduría, la hace nula de pleno derecho.
Cabe recordar que, la expedición del Decreto 1275 en octubre de 2024, otorgó competencias ambientales a las autoridades indígenas dentro de sus territorios. Desde su publicación, expertos alertaron sobre posibles conflictos de jurisdicción, y el Consejo de Estado recibió varias demandas en su contra.
Conflicto entre el Ministerio de Ambiente y el resguardo indígena
La comunidad indígena había solicitado desde el 21 de junio de 2023 la sustracción de 1.043 hectáreas de la reserva forestal para desarrollar un proyecto de explotación de oro en una zona cercana a los ríos Inírida y Atapabo. Sin embargo, el 22 de enero de 2025, basándose en el Decreto 1275, el resguardo aprobó la sustracción sin esperar el visto bueno del Ministerio de Ambiente.
Al día siguiente, el 23 de enero, la cartera ambiental rechazó la solicitud mediante la Resolución 0078, argumentando que la comunidad no tenía la facultad legal para tomar tal decisión de manera unilateral. La entidad fue enfática al afirmar que el Decreto 1275 de 2024 “no faculta a los resguardos para adelantar sustracciones, y decisiones de este tipo van en contra de su espíritu y alcance”.
Este desacuerdo ha puesto en entredicho la validez del decreto. Mientras el Gobierno sostiene que la decisión del resguardo carece de sustento legal, la comunidad indígena defiende su derecho a gestionar su territorio sin intervención del Estado. Ante la negativa del ministerio, los líderes del resguardo han manifestado que, si es necesario, llevarán la disputa ante la justicia. “Nosotros estamos esperando que la autoridad ambiental nos apruebe la licencia o bien nos demande o demande la resolución que sacamos. Para que un estrado judicial nos diga si tenemos o no tenemos razón”, declaró César Flórez Clarín, gobernador del cabildo del Resguardo Indígena Chorrobocón, a El Tiempo.
Postura del resguardo: una minería sostenible
A pesar del rechazo del Ministerio de Ambiente, el Resguardo Indígena Remanso-Chorrobocón mantiene su decisión de iniciar la extracción de oro en la región. Los líderes indígenas han informado a la Presidencia, a la Agencia Nacional de Minería y al Ministerio de Minas sobre su intención de desarrollar el proyecto, asegurando que buscan realizar la actividad minera bajo condiciones más sostenibles.
Flórez Clarín explicó al medio ya citado que la minería es la principal fuente de ingresos para las comunidades locales y que sin esta actividad la economía del Guainía se vería gravemente afectada. “Hasta el momento nosotros seguimos firmes y seguimos defendiendo ese proyecto. La intención en ningún momento es hacer daño, por eso le presentamos al Gobierno Nacional un Plan de Trabajo Ambiental de cómo es que nosotros queremos trabajar la minería dentro del resguardo”, aseguró.
Este caso representa un nuevo episodio en la lucha entre el reconocimiento de la autonomía indígena y la protección ambiental. Mientras el Gobierno insiste en que el manejo de las reservas forestales sigue siendo una facultad exclusiva del Ministerio de Ambiente, las comunidades indígenas defienden su derecho a gestionar los recursos naturales dentro de sus territorios ancestrales. Ahora, la decisión final podría recaer en los tribunales, donde se determinará si la resolución indígena tiene validez o si debe ser anulada, como lo solicita la Procuraduría.
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