
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las operaciones de bombardeo continúan vigentes en el país, aunque con estrictas directrices para minimizar los riesgos para la población civil.
El funcionario subrayó que existe una orden clara de no ejecutar bombardeos en zonas donde haya presencia de menores de edad reclutados por grupos armados ilegales.
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“La opción es casi siempre la última. Es más, será por ahí. 3%. Si miramos tiempo atrás, 3% de las operaciones militares o menos son de bombardeo. El 98% son de oro”, explicó el ministro durante una rueda de prensa, dejando claro que la gran mayoría de las operaciones militares se llevan a cabo con otros métodos.
Sánchez también indicó que las acciones armadas se ajustan al derecho internacional humanitario (DIH), lo que exige un mayor rigor en la planificación y ejecución de las ofensivas.
“Esa opción siempre se contempla. Se sabe. Es que hay que mirar el contexto para ver qué viabilidad sea y corresponde a un proceso militar de toma de decisiones”, añadió.
En cuanto a la situación en el Catatumbo, una región del noreste de Colombia donde operan grupos como el ELN y disidencias de las Farc, Sánchez no descartó la posibilidad de recurrir a bombardeos, pero solo como recurso extremo.
“Por ejemplo, hay en este momento están unas unidades de grado militar en combates en Belén de los Andaquíes, en el Caquetá, contra una estructura de la columna Teófilo Forero y la segunda Marquetalia. En este momento hay un resultado de un muerto en desarrollo, operación militar y dos capturados en banda armada”, puntualizó el ministro, ilustrando la complejidad de las operaciones actuales.
Con estas declaraciones, el Gobierno busca dejar claro que la lucha contra los grupos armados sigue en pie, pero con un enfoque centrado en proteger a la población civil y respetar los derechos humanos en cada acción militar.
Reportan avances significativos en la lucha contra grupos armados ilegales
De acuerdo con declaraciones del almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, las operaciones de seguridad realizadas durante el año han logrado afectar de manera considerable a los principales grupos armados ilegales que operan en el país.
Según informó el oficial, un total de 2.930 integrantes de organizaciones como el ELN, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo han sido capturados en el marco de estas acciones.

El almirante Cubides destacó que estas capturas son el resultado de un esfuerzo conjunto entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, enfocado en garantizar la gobernabilidad y la protección de la ciudadanía frente a las amenazas de estos grupos.
Según consignó, las operaciones han incluido 125 combates en zonas de conflicto, lo que ha permitido desarticular estructuras criminales y reducir sus capacidades operativas.
En el marco de estas acciones, el comandante de las Fuerzas Militares informó que se han incautado 109 toneladas de cocaína, un golpe significativo a las finanzas de los grupos armados ilegales que dependen del narcotráfico para financiar sus actividades.
Estas incautaciones forman parte de una estrategia integral que busca no solo debilitar las estructuras criminales, sino también limitar su capacidad de expansión y operación en el territorio nacional.
Cubides subrayó que las operaciones se han llevado a cabo en regiones estratégicas donde estos grupos tienen presencia activa, lo que ha permitido contener sus capacidades militares y evitar que representen una amenaza mayor para la población. Además, enfatizó la importancia de la cooperación entre diferentes agencias del Estado para lograr estos resultados.

El almirante destacó que el éxito de estas operaciones no habría sido posible sin la coordinación entre las distintas entidades encargadas de la seguridad en el país.
Según explicó, la colaboración entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otras agencias ha sido fundamental para enfrentar de manera efectiva a los grupos armados ilegales.
Cubides también hizo un llamado a mantener y fortalecer esta cooperación, señalando que la lucha contra estas organizaciones requiere un esfuerzo sostenido y coordinado.
En este sentido, subrayó que el trabajo conjunto no solo permite obtener resultados operativos, sino también garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas por la violencia.
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