Un análisis realizado por la firma internacional Crowe Co reveló que la reforma laboral propuesta en el país podría generar un impacto significativo en las pequeñas y medianas empresas (MyPymes), con un aumento de los costos laborales de entre un 17% y un 34%.
Según el estudio, esta situación podría llevar al cierre de hasta el 15% de estas compañías, además de incrementar el desempleo entre un 1,7% y un 3,4%, y reducir la formalidad laboral entre un 7% y un 12%.
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Aunque el proyecto de ley fue rechazado en el Congreso, los hallazgos del informe subrayan las preocupaciones del sector privado sobre las implicaciones económicas de la propuesta.
Los costos ocultos de la reforma se distribuyen en cinco áreas principales que afectarían directamente a las empresas.
Entre ellas, se encuentran el encarecimiento de la mano de obra, las restricciones a los contratos temporales, el incremento del ausentismo laboral, las limitaciones para despedir a empleados en condiciones de vulnerabilidad y los aumentos en los recargos nocturnos y festivos.

Estas medidas, según el análisis, podrían comprometer la competitividad y sostenibilidad de las Pymes, especialmente en sectores como el comercio, la industria, la seguridad privada, el aseo y las plataformas digitales de reparto.
Uno de los puntos más críticos identificados por el estudio es el aumento del costo de la mano de obra en un 20%, derivado de los cambios en los recargos por jornadas nocturnas, festivos y dominicales, así como de las modificaciones en la vinculación laboral de aprendices del Sena.
Según cifras compartidas por el presidente de Fenalco Nacional, Jaime Alberto Cabal, estas medidas podrían traducirse en un incremento de hasta 5 billones de pesos en los costos salariales de las empresas. Este aumento afectaría especialmente a las Pymes, que ya enfrentan limitaciones financieras y operativas, reduciendo su capacidad para competir en el mercado.
La reforma también busca limitar el uso de contratos temporales, promoviendo la contratación directa de los trabajadores. Aunque esta medida tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales, el informe advierte que podría incrementar los costos administrativos en un 25%.

Esto se debe a que las empresas tendrían que asumir mayores gastos en prestaciones sociales y gestionar directamente a un mayor número de empleados, lo que representa un desafío significativo para las MiPymes.
Otro de los costos ocultos señalados por el análisis es el incremento del ausentismo laboral en un 10%, impulsado por la ampliación de las licencias remuneradas. Entre estas se incluyen nuevas licencias relacionadas con condiciones médicas incapacitantes, como los periodos de menstruación de las trabajadoras, y otras asociadas a asuntos escolares.
Este aumento en las ausencias obligaría a las empresas a destinar más recursos para cubrir reemplazos temporales, afectando su productividad y estabilidad financiera.
La reforma también propone mayores protecciones para ciertos grupos de trabajadores, como aquellos en condición de discapacidad o próximos a pensionarse. Según el análisis, estas restricciones podrían cuadruplicar los costos de las indemnizaciones en caso de despido, lo que desincentivaría la contratación de personas en estas condiciones.
Aunque la medida busca proteger a los empleados más vulnerables, Crowe Co advierte que podría generar un efecto contrario, ya que las empresas optarían por no contratar a trabajadores que representen un mayor riesgo financiero a largo plazo.
El incremento de los recargos por trabajo nocturno y en días festivos es otro de los puntos que más preocupa al sector privado. Según el informe, estos recargos podrían elevar los costos salariales entre un 25% y un 100%, dependiendo del escalonamiento propuesto en la reforma.
Este aumento afectaría especialmente a los jóvenes, quienes suelen ocupar empleos en horarios nocturnos o festivos. De acuerdo con las proyecciones, esta medida podría incrementar el desempleo juvenil en un 5%, agravando aún más la situación laboral de este grupo poblacional.

El informe también recoge estimaciones de otras entidades económicas sobre el impacto de la reforma laboral. Según el Banco de la República, los cambios en la jornada nocturna y el pago de horas extra podrían llevar a la pérdida de hasta 450.000 empleos. Por su parte, una encuesta realizada por Fenalco reveló que el 31 % de los empleadores reducirían su planta de personal o evitarían contratar nuevos trabajadores si los costos laborales aumentan como resultado de la reforma.
El Observatorio de Gremios también ha advertido que los costos operacionales de las MiPymes podrían incrementarse entre un 17% y un 34%, lo que elevaría el desempleo y reduciría la formalidad laboral. Estas proyecciones subrayan los riesgos asociados a la implementación de una regulación más estricta, que podría empujar a los empresarios hacia la informalidad.
Según el análisis, los sectores más vulnerables a los efectos de la reforma serían el comercio, la industria, la seguridad privada, el aseo y las plataformas digitales de reparto. Estas áreas, que dependen en gran medida de la flexibilidad laboral y de los contratos temporales, enfrentarían mayores dificultades para adaptarse a los cambios propuestos.
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