El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se pronunció en respaldo a la postura del presidente Gustavo Petro sobre el embargo de cuentas de la Nación ordenado por un juez, como resultado de una deuda con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales.
Según Palma, esta medida judicial a travéz de EPM no solo tiene un trasfondo político, sino que también obedece a intereses electorales, señalando directamente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
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Desde su cuenta en X, el funcionario cuestionó la decisión judicial argumentando que “el alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política, por la razón sencilla de que las cuentas de la Nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión”.
Palma reconoció que el Gobierno aún tiene deudas pendientes con EPM y sus empresas asociadas, pero aseguró que hasta el momento se ha pagado cerca del 85% de los compromisos financieros con la compañía. En esa línea, destacó que la situación fiscal que enfrenta el país es consecuencia de la administración anterior y del Congreso actual.
En su mensaje, explicó que “si bien es cierto reconocemos que hay algunas deudas al sector, por cuenta del déficit fiscal en el que nos metió el gobierno anterior y el Congreso actual, las filiales de EPM han recibido el 85% de los pagos. Hacienda y Minas han hecho un acuerdo de pago, de acuerdo con la capacidad que tenemos”.
El ministro también criticó que, a pesar de los recursos que ha recibido la compañía, los servicios que presta no han mejorado para los usuarios. En particular, señaló que la situación en el Caribe, donde opera Afinia, no ha mostrado avances y, en cambio, se ha convertido en un instrumento para atacar al Gobierno.
“Los pagos no se han traducido en buen servicio, por ejemplo, a los 4 departamentos del Caribe que cubre Afinia, cuyo gerente, también, ha salido a hacer política anunciando apagones en compañía de alcaldes, curiosamente que hacen parte de la oposición y tienen deudas oficiales con las empresas de distribución de energía”, sostuvo Palma.
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Por último, el jefe de la cartera minero-energética recordó que, cuando estuvo al frente de la intervención de Air-e, la postura de EPM no favoreció a los usuarios. Según afirmó, la empresa no flexibilizó sus políticas comerciales a pesar de contar con suficiente energía disponible y, en su lugar, optó por aumentar las tarifas, lo que impactó directamente a los ciudadanos.
Las declaraciones de Palma refuerzan la posición del Gobierno Nacional frente a la medida judicial y dejan en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y las autoridades locales, en especial con la administración de Medellín, en torno a la prestación de los servicios públicos y la gestión financiera del sector energético.
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