
Sneyder Pinilla, que se desempeñó como subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd), finalmente llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para la devolución de una suma millonaria de dinero, tras su participación en la manipulación de contratos de carrotanques en La Guajira, por lo que tuvo un beneficio económico ilegal.
Pinilla fue acusado por el ente investigativo, y señalado con una posible condena de 6 años, 6 meses y 9 días, además de la obligación de devolver $618 millones.
Según información revelada por Blu Radio, el exfuncionario llegó a un acuerdo con la Fiscalía a través de la Fiscal Novena Delegada ante la Corte, María Cristina Patiño, lo que permitió una modificación de su condena.
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El medio de comunicación reportó que, después de varios meses de ajustes en el preacuerdo, el exsubdirector deberá cumplir con una condena de 4 años, 8 meses y 1 día de prisión, lo que implica una reducción de 10 meses con respecto a la primera sentencia, gracias a su cooperación con la investigación.
Además, como parte del preacuerdo, se incluyeron los comprobantes de pago que confirman que el total de los $618 millones fue devuelto por medio del Banco Agrario de Colombia.

“La Fiscalía otorga un descuento del 45 % de la pena en consideración a la calidad y eficacia de la información brindada por el imputado, con el fin de continuar con el esclarecimiento de los hechos y lograr declaraciones de responsabilidad penal de otros actores en la investigación”, reza en el documento.
Otro de los puntos que se estableció es que Sneyder Pinilla que vetado para volver a ejercer cualquier tipo de cargo que tenga relación con la función pública.
Dentro del preacuerdo alcanzado por Sneyder Pinilla, se incluyeron los comprobantes de pago que confirman que el total de los $618 millones fue devuelto por medio del Banco Agrario de Colombia.

Existen dos comprobantes de pago:
- El primero, con fecha del 6 de diciembre de 2024, se realizó en el Banco Agrario de Colombia, con un valor de $310 millones, a nombre de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
- El segundo pago, se efectuó el 10 de marzo de 2025, por la misma cantidad y con las mismas características, pero con la suma de $308 millones.

Además, como parte del preacuerdo, el exfuncionario se comprometió a pedir disculpas públicas a los afectados por sus actos de corrupción y a garantizar no repetición de estos hechos.
En el caso también están implicados otros personajes, entre ellos Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Pedro Andrés Rodríguez Melo; Luis Carlos Barreto Gantiva; César Augusto Manrique Soacha (quien en ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Función Pública); y el contratista Luis Eduardo López, entre otros. Estos nombres salieron a la luz pública gracias a las pruebas recolectadas por la Fiscalía, que permitieron destapar el desfalco.
De acuerdo con la fiscal delegada al caso, “la organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual, cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso”. Así mismo, reveló detalles de como fue la organización para hacer el desfalco presumiendo que la actividad pasaría desapercibida: “esta estrategia le permitió a la organización criminal asegurar que la empresa a la cual se adjudicaba la orden de proveeduría le perteneciera un empresario, quien a cambio de ello pagaría la coima pactada. Igualmente, le permitió controlar el precio del contrato, puesto que su valor se establecía del promedio de las tres cotizaciones enviadas por las empresas controladas por el contratista previamente elegido”.
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