El presidente Gustavo Petro lanzó una nueva propuesta para que los colombianos tengan la última palabra sobre las reformas impulsadas por su gobierno, en particular la reforma laboral, cuyo futuro en el Congreso parece incierto.
La iniciativa, que busca realizar una consulta popular, implicaría un proceso extenso y un costo significativo para el país.
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El trasfondo de la propuesta
En su reciente intervención ante la nación, Petro defendió sus reformas, argumentando que han enfrentado múltiples obstáculos en el Legislativo y que algunas están en riesgo de ser archivadas.
La reforma laboral es una de las más afectadas por la falta de apoyo en el Congreso, lo que llevó al mandatario a hacer un llamado a la movilización ciudadana y a plantear la posibilidad de una consulta popular.
Según la visión del presidente, esta consulta permitiría que los ciudadanos decidan directamente sobre los cambios que su administración considera fundamentales para el país. “El poder del pueblo es el poder de movilizarse, pero sobre todo es el poder de decidir”, manifestó el jefe de Estado, dejando en claro que la iniciativa busca otorgarle mayor protagonismo a la ciudadanía en las decisiones gubernamentales.
¿Cómo se realizaría la consulta popular?
El camino para llevar a cabo una consulta popular en Colombia es complejo y pasa por varias etapas. En primer lugar, el presidente debe formalizar la propuesta con el respaldo de todo su gabinete ministerial. Luego, la iniciativa debe ser sometida a consideración del Senado, que tendrá la responsabilidad de aprobar o rechazar la convocatoria.
Si el Senado da su visto bueno, el proceso pasará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar la jornada electoral. La ley establece que este tipo de consultas deben llevarse a cabo en un plazo máximo de cuatro meses después de su aprobación en el Congreso. Durante ese periodo, se deben garantizar todos los aspectos logísticos, técnicos y operativos para que la consulta se desarrolle con normalidad.
“Según el promotor de la iniciativa la Ley 1757 de 2015 determinó que la consulta puede ser de origen ciudadano o autoridades las cuales son el Presidente, Gobernador o Alcalde y el Congreso de la República para una Asamblea Nacional Constituyente”, se lee en la página de la Registraduría Nacional, donde se dan estos pormenores.
Uno de los aspectos que más inquieta a los ciudadanos es el costo que tendría esta iniciativa para el país. Si bien el valor exacto dependería de múltiples factores, hay antecedentes que permiten hacer una estimación aproximada.
Antecedentes y cifras
La última consulta popular de gran magnitud realizada en Colombia fue la consulta anticorrupción de 2018, un proceso que tuvo un costo cercano a los 240 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Misión de Observación Electoral (MOE). En ese entonces, la cifra representaba aproximadamente 57 millones de dólares.
Teniendo en cuenta la inflación y los costos logísticos actuales, es probable que una consulta popular en 2025 pueda superar ampliamente ese valor. Factores como el incremento en los costos de impresión de material electoral, la implementación de medidas de seguridad y la contratación de personal para la jornada podrían elevar aún más la cifra.
Teniendo en cuenta las variaciones económicas mencionadas previamente, se llega a la conclusión de que el costo de la consulta propuesta por Petro sería superior a la consulta anticorrupción, es decir, un valor superior a 240.000 millones de pesos.
Más allá del costo, la propuesta de Petro genera un amplio debate sobre su viabilidad política y su impacto en la democracia. Algunos sectores ven la consulta como una herramienta legítima de participación ciudadana, mientras que otros la consideran una estrategia para presionar a los legisladores y movilizar a su base de apoyo.
Mientras el Gobierno avanza en la búsqueda de apoyos para su iniciativa, la incertidumbre sobre su realización y su financiamiento sigue latente. Lo cierto es que, de materializarse, el costo de este mecanismo de participación sería significativo para las arcas del Estado y abriría un nuevo capítulo en la discusión sobre la gobernabilidad y la democracia en Colombia.
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