El Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, redobla esfuerzos para asegurar el respaldo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, en medio de la incertidumbre sobre la certificación que otorga la administración estadounidense en esta materia.
Según informó El Tiempo, la decisión final, a cargo del presidente Donald Trump, se conocerá antes del 15 de septiembre.
En una rueda de prensa en Washington, el embajador colombiano Daniel García Peña advirtió que, aunque no se puede dar por asegurada la certificación, tampoco hay un peligro inminente de perderla.
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“Colombia es el país en el mundo que más ha hecho en la lucha contra el narcotráfico. Eso es contundente”, afirmó, acompañado por el director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, y la directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), Gloria Miranda.
Bajo la administración de Petro, Colombia ha optado por un enfoque que prioriza la sostenibilidad y el desarrollo de las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos.
La directora del Pnis explicó que la estrategia busca alejarse de la erradicación forzosa para impulsar economías lícitas, con el objetivo de abordar las causas estructurales del narcotráfico y no solo sus consecuencias.
Este modelo, según Miranda, requiere un uso eficiente de los recursos disponibles y la cooperación continua con Estados Unidos para desarticular los flujos financieros de las organizaciones criminales.
A pesar de las diferencias en algunas políticas, la funcionaria destacó que ambos gobiernos coinciden en la importancia de la seguridad y la prosperidad regional.
Los resultados en materia de interdicción son significativos: las autoridades colombianas han incautado más de 1.000 toneladas métricas de cocaína, evitando que cerca de mil millones de dosis llegaran a las calles estadounidenses y generaran ganancias por más de 5.000 millones de dólares a los grupos criminales. Sin embargo, la lucha no está exenta de obstáculos.
García Peña reconoció que se prevén recortes en la asistencia financiera de Estados Unidos a Colombia debido a ajustes presupuestales, aunque subrayó que la mayor parte de los recursos para combatir el narcotráfico ya provienen del propio Gobierno colombiano.
Desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro ha defendido un cambio en la estrategia de lucha contra las drogas, enfocándose en atacar las estructuras del narcotráfico en lugar de perseguir a los campesinos que cultivan coca.
Según el presidente, su administración ha priorizado la destrucción de laboratorios de cocaína y la captura de narcotraficantes, mientras se busca ofrecer alternativas económicas a las comunidades rurales afectadas por el conflicto.
Sin embargo, el panorama internacional no parece favorable. Aunque el gobierno del entonces presidente Joe Biden certificó a Colombia en 2022, las tensiones con la administración estadounidense han aumentado.
Según el medio citado, el informe de la Casa Blanca advirtió que el incremento de los cultivos de coca en Colombia sigue siendo un problema crítico, atribuido a la falta de desarrollo rural, la inseguridad y la creciente demanda en los países consumidores.
El documento también instó a Colombia a ampliar tanto la erradicación forzada como la voluntaria, además de intensificar las operaciones de interdicción de cocaína y precursores químicos.
De acuerdo con expertos consultados por Bloomberg en Línea, el incremento del área sembrada con coca y la creciente producción potencial de cocaína en Colombia podrían derivar en la pérdida de la certificación de lucha contra las drogas que otorga anualmente el Gobierno de Estados Unidos.
Carlos Arias, doctor en Psicología Política de la Universidad Católica de Colombia, advirtió que esto afectaría las ayudas económicas que recibe el país para la lucha contra el narcotráfico y la defensa nacional, debilitando los esfuerzos contra los actores armados ilegales. Además, señaló que podría disminuir el flujo de turistas norteamericanos, afectando la economía de varias regiones.
En 2023, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) reportó un aumento del 10 % en el área sembrada con coca, alcanzando las 253.000 hectáreas, y un incremento del 53 % en la producción potencial de cocaína, que llegó a las 2.664 toneladas métricas.
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