El reciente fallo del Juez Décimo Civil del Circuito, Felipe Pablo Mojica, desencadenó un nuevo episodio de tensión entre el Gobierno y el sector energético.
La decisión judicial ordenó el embargo de las cuentas del Ejecutivo por las deudas acumuladas por el Estado con las empresas de energía, en concepto de subsidios dirigidos a los estratos más vulnerables del país.
Ante este escenario, el Gobierno reaccionó con firmeza, calificando la medida como una determinación de carácter político y electoral.
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La orden judicial establece la retención de recursos en cuentas bancarias, depósitos a término y demás productos financieros a nombre del Gobierno Nacional, en respuesta a una demanda interpuesta por Centrales Eléctricas del Norte de Santander, filial del Grupo EPM.
Sin embargo, desde el Ministerio de Minas y Energía se ha planteado una fuerte oposición a esta decisión, argumentando que las cuentas de la Nación no pueden ser objeto de embargo y que esta medida carece de fundamento legal.
Una respuesta por parte del ministro
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la gestión del Gobierno en relación con los pagos al sector energético, asegurando que un alto porcentaje de las deudas con las empresas del Grupo EPM ya ha sido cubierto.
Según sus declaraciones, se han realizado desembolsos que alcanzan el 85% de los compromisos adquiridos, y existe un plan de pago estructurado en coordinación con el Ministerio de Hacienda para cumplir con el restante, dentro de los límites fiscales actuales.
Palma también responsabilizó a administraciones anteriores y al actual Congreso por la difícil situación fiscal que enfrenta el país, subrayando que este déficit ha complicado el flujo de pagos a las empresas prestadoras de energía.
Otro de los puntos álgidos en esta controversia ha sido la gestión de Afinia, otra filial del Grupo EPM que opera en la región Caribe.
Según Palma, la empresa no ha garantizado un servicio eficiente para sus usuarios y ha utilizado el anuncio de posibles apagones como herramienta de presión política.
En su opinión, algunas de estas declaraciones han sido respaldadas por alcaldes opositores al Gobierno, lo que refuerza la idea de que detrás de la discusión sobre las deudas hay un trasfondo político más profundo.
El ministro también recordó su paso por Air-e, otra empresa distribuidora de energía en la región, y señaló que en ese entonces el Grupo EPM no mostró la misma flexibilidad con los usuarios de esta compañía.
Según su versión, a pesar de contar con excedentes de energía, se promovieron tarifas elevadas que afectaron a los consumidores. Por ello, hizo un llamado a que el debate sobre las obligaciones económicas del Gobierno con el sector energético se realice con transparencia y sin manipulación política.
La polémica en torno a este fallo judicial sigue en desarrollo, y se espera que el Gobierno interponga recursos para impugnar la decisión. Mientras tanto, el sector energético y los usuarios continúan a la expectativa de cómo se resolverá esta disputa, que no solo tiene implicaciones financieras, sino que también impacta directamente la estabilidad del suministro eléctrico en diversas regiones del país.
Las cuestiones netamente políticas o ideológicas no pasaron desapercibidas para el funcionario, que señaló que detrás de todo hay movimientos de Federico Gutiérrez para desestabilizar la imagen del Gobierno y dañar su credibilidad.
“Tal y como indica el señor Presidente esta es una maniobra política y electoral si se quiere decir. El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política, por la razón sencilla de que las cuentas de las nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión”, escribió en su cuenta de X.
Dejó claro que el Gobierno se opone a las dinámicas administrativas de EPM y que los principales perjudicados han sido los usuarios que necesitan soluciones en materia energética en varios departamentos.
“Si ese va a ser el tono de las conversaciones sobre un tema tan sensible para los usuarios, lo tendremos. Porque durante mi paso por Air-e, EPM no se mostró nada generoso con los usuarios que atiende esa compañía. Teniendo energía en exceso. Presionando las tarifas al alza en contra de los usuarios. Y eso debe saberlo el pueblo caribeño”, señaló.
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