Gobierno Petro se comprometió con subsidios para colombianos deportados de Estados Unidos: en qué consiste y cuáles son los requisitos

En un esfuerzo por atender las necesidades de los colombianos que regresan al país luego de ser deportados, el Gobierno nacional, a través del programa Colombia Nos Une, puso en marcha una estrategia integral que busca garantizar una reintegración digna y efectiva.

Esta iniciativa, liderada por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en colaboración con la Cancillería, incluye ayudas humanitarias inmediatas y la vinculación a programas sociales y económicos, con especial atención a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

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El programa responde a una situación migratoria compleja que afecta a cientos de colombianos en el exterior, que, debido a factores como la coyuntura económica global y cambios políticos en diversos países, optaron por regresar a su tierra natal.

Solo entre el 6 y el 20 de febrero, el DPS brindó acompañamiento a 718 ciudadanos retornados, principalmente desde Estados Unidos. Este contexto llevó al Gobierno a fortalecer las políticas de retorno humanitario, estipuladas en las leyes 2136 de 2021 y 1565 de 2012, que regulan el apoyo a los connacionales deportados.

El programa Colombia Nos Une contempla dos fases principales para atender a los deportados. La primera fase se enfoca en la atención humanitaria de emergencia, que incluye una serie de medidas diseñadas para garantizar condiciones dignas en el proceso de retorno.

Las medidas anunciadas por el Departamento de Prosperidad Social abarcan:

• Recepción y orientación en aeropuertos y otros puntos de ingreso al país.
• Protección especial para menores de edad en situación de riesgo, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
• Provisión de transporte, alimentación y alojamiento temporal para las personas que lo necesiten.
• Coordinación con autoridades locales, como alcaldías y secretarías, para asegurar la asistencia adecuada.

La segunda fase del programa se centra en la estabilización socioeconómica de los retornados. Los beneficiarios son evaluados y caracterizados para determinar sus necesidades específicas, lo que permite su inclusión en programas sociales y productivos del DPS y otras entidades.

Entre los beneficios disponibles se encuentran el acceso a créditos y subsidios a través de instituciones como el Banco Agrario y el Fondo Nacional de Garantías, así como capacitaciones para desarrollar habilidades empresariales y asociativas.

Para acceder a los beneficios del programa, los colombianos deportados deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Gobierno. Los solicitantes deben estar inscritos en el Registro Único de Retorno y pertenecer a los grupos A, B o C del Sisbén IV, o figurar en el Registro Único de Víctimas (RUV) por desplazamiento forzado. Estas condiciones buscan priorizar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y garantizar que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan.

La implementación de este programa refleja un esfuerzo coordinado entre diversas entidades gubernamentales para abordar los desafíos asociados al retorno de los colombianos deportados. La Cancillería y la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario del DPS han diseñado una ruta de atención que no solo busca cubrir las necesidades inmediatas de los retornados, sino también ofrecerles herramientas para reconstruir sus vidas en Colombia.

Este enfoque integral responde a la creciente necesidad de apoyo para los connacionales que enfrentan dificultades económicas y sociales tras su regreso al país. Al proporcionar asistencia humanitaria y oportunidades de desarrollo, el Gobierno busca facilitar su reintegración y contribuir a su bienestar a largo plazo.

Más de 2.000 colombianos han sido deportados desde Estados Unidos en el último mes, según informó el Gobierno. La canciller Laura Sarabia detalló que estos retornos se han llevado a cabo mediante 12 vuelos coordinados entre ambos países, en un contexto marcado por un endurecimiento de las políticas migratorias en territorio estadounidense.

Además, se reportó una significativa disminución del flujo migratorio a través del tapón del Darién, una de las rutas más peligrosas para los migrantes en América Latina.

De acuerdo con las declaraciones de Sarabia, los vuelos de deportación se realizan a razón de dos por semana, una frecuencia que se mantiene similar a la registrada durante la administración del expresidente estadounidense Joe Biden. La canciller subrayó que la prioridad del Gobierno colombiano es garantizar el retorno de sus ciudadanos, asegurando que estos procesos se desarrollen de manera coordinada con las autoridades estadounidenses.

En paralelo a los vuelos de deportación, Sarabia también se refirió al fenómeno conocido como “migración inversa”, que describe el regreso voluntario de colombianos desde Estados Unidos. Según explicó, estos retornos se realizan mediante vuelos comerciales y responden a solicitudes individuales de los connacionales que deciden abandonar el país norteamericano por voluntad propia.

La canciller destacó que, además de los deportados, el Gobierno colombiano está trabajando en la atención de quienes optan por regresar voluntariamente. Para ello, se han articulado esfuerzos entre diversas instituciones del Estado, con el objetivo de desarrollar programas que faciliten la reintegración de estas personas en el país.