Ministro de Hacienda afirmó que las cuentas del Gobierno son “inembargables”, en respuesta a decisión de un juez por millonaria deuda con EPM

El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá emitió un fallo que ordena el embargo de las cuentas bancarias y otros productos financieros del Gobierno nacional debido a una deuda pendiente con Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (Cens), filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

La decisión judicial busca garantizar el pago de 41.654 millones de pesos en concepto de capital adeudado, además de 5.258 millones de pesos en intereses moratorios.

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Este fallo generó una fuerte reacción tanto en el ámbito político como en el administrativo, marcando un nuevo capítulo en las tensiones entre el Gobierno Petro y la administración de Medellín.

De acuerdo con el fallo, el juzgado ordenó el embargo y retención de fondos en cuentas corrientes, de ahorros, certificados de depósito a término (CDT) y otros productos financieros a nombre del Estado.

El objetivo es garantizar el cumplimiento de la deuda reconocida como clara y exigible en el marco de un proceso ejecutivo promovido por Cens.

Además, el tribunal notificó a la Administración de Impuestos Nacionales sobre la medida y otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la Nación acredite el pago correspondiente. En caso de incumplimiento, se procederá con la notificación formal del mandamiento de pago.

Debido a esto el ministro de Hacienda, Diego Guevara, se pronunció sobre la decisión judicial en declaraciones recogidas por Noticias Caracol indicando que el Ministerio no había recibido la sentencia oficial y aseguró que las cuentas del Gobierno son inembargables, por lo que el funcionario evitó profundizar en los alcances de la decisión hasta no contar con más detalles del fallo.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también reaccionó a la situación durante un consejo de ministros, calificando la acción como una maniobra política. Según Petro, esta medida no solo afecta los recursos del Gobierno, sino que también perjudica a los sectores más vulnerables de Medellín y Antioquia.

“EPM, que es una empresa pública a la cual la Nación la ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. Esa es una acción política que no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional”, declaró el mandatario.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó la decisión judicial y señaló que esta responde a la falta de cumplimiento del Gobierno nacional en el pago de los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3, que EPM asumió desde el año pasado.

A través de su cuenta en X, Gutiérrez afirmó que se intentaron abrir canales de diálogo con la Nación, pero no se obtuvo respuesta. “Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, expresó el alcalde, quien calificó la medida como un “hito” en las acciones legales emprendidas contra el Gobierno.

Además, Gutiérrez destacó que su administración presentó demandas adicionales por deudas relacionadas con otras filiales de EPM, como Afinia, así como por el incumplimiento en los aportes para la construcción del Metro de la 80 en 2024.

También mencionó que se han tomado acciones legales contra el decreto de presupuesto que aplaza el pago correspondiente a 2025. En un mensaje dirigido al presidente Petro, el alcalde exigió el cumplimiento de las obligaciones pendientes: “Presidente Petro, esta es una decisión de la Justicia, le pido que pague lo que debe, no le estamos pidiendo un favor, simplemente que cumpla con la Constitución y la Ley”.

El fallo judicial y las reacciones de las partes involucradas reflejan un conflicto que trasciende lo jurídico y se adentra en el terreno político. Mientras el Gobierno nacional cuestiona la legalidad y el trasfondo de la medida, la administración de Medellín insiste en que esta es una respuesta legítima ante el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Nación.

En el centro de la disputa se encuentran los recursos destinados a subsidiar las tarifas de energía para los sectores más vulnerables, así como los proyectos de infraestructura clave para la región.

La deuda reconocida por el juzgado no solo representa una carga financiera significativa, sino que también pone de manifiesto las tensiones entre el Gobierno central y las administraciones locales en torno a la distribución de recursos y el cumplimiento de compromisos. En este contexto, la medida de embargo podría sentar un precedente para futuras acciones legales de entidades territoriales contra la Nación, especialmente en un momento en el que las finanzas públicas enfrentan múltiples desafíos.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por La W, el Gobierno planea impugnar la decisión del juzgado y solicitar el levantamiento del embargo.

Las autoridades argumentan que la medida contradice disposiciones legales establecidas en los artículos 19 y 34 del estatuto del presupuesto, los cuales prohíben el embargo de cuentas públicas. Este marco normativo busca proteger los recursos estatales destinados a la ejecución de políticas públicas y programas sociales.

Por su parte, el Ministerio de Minas señaló que ya se cumplió con el 85% de los pagos correspondientes a las filiales de EPM, lo que refleja un esfuerzo por parte del Gobierno para atender las obligaciones financieras dentro de sus capacidades presupuestarias. Además, se estableció un acuerdo de pago con la empresa, aunque no se han ofrecido detalles específicos sobre los términos de dicho acuerdo.

Por su parte el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez desmintió esta versión del ministro de Minas indicando que la afirmación del jefe de la cartera “es totalmente falsa”, con respecto al porcentaje que el Gobierno nacional afirmó que le había girado a EPM.

“Es totalmente falso lo que ha dicho el ministro de Minas, me parece muy mal hecho que engañe a la opinión pública, porque si hubieran ya pagado el 85% de lo que deben entonces para que interponer una demanda, eso no es cierto. A EPM le deben hoy 1,2 billones de pesos o 1,3 billones de pesos aproximadamente, solo por concepto de subsidio a la tarifa de energía”, afirmó Gutiérrez en declaraciones a Noticias Caracol.

Sin embargo, esta situación deja en claro que el Gobierno no tiene previsto desembolsar la totalidad de los 50.000 millones de pesos exigidos por el juez en el plazo estipulado. Según publicó el medio, esta postura podría intensificar el conflicto legal entre ambas partes y abrir un debate sobre la viabilidad de las decisiones judiciales que afectan directamente las finanzas públicas.