Un nuevo proyecto de ley que busca establecer medidas sobre los derechos de los usuarios del transporte aéreo en Colombia ha generado críticas de expertos en Derecho y protección al consumidor.
Andrés Palacios, profesor en Derecho de la Competencia de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, calificó la iniciativa como “floja” y señaló que beneficia principalmente a las aerolíneas, dejando a los pasajeros en una posición de indefensión.
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El proyecto de Ley 167 de 2023, que cursa actualmente en el Senado, reúne disposiciones que, de acuerdo con Palacios, podrían aplicarse sin necesidad de una ley, simplemente modificando los reglamentos de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) o los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC).
Sin embargo, el experto denunció que la propuesta otorga ventajas a las empresas de transporte aéreo y plantea vacíos que limitan las posibilidades de defensa de los usuarios.
“La iniciativa se queda corta en términos de protección efectiva para los consumidores. Lo que se presenta como un supuesto avance legislativo podría implementarse de manera más simple y, sobre todo, con un mayor beneficio para los viajeros”, afirmó Palacios.
El polémico procedimiento de quejas
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es el procedimiento de quejas estipulado para los usuarios, pues de aprobarse, los pasajeros que experimenten incumplimientos o irregularidades por parte de las aerolíneas deberán primero dirigir su reclamo a la propia empresa y, solo en caso de no obtener respuesta satisfactoria, acudir a la Aerocivil.
El problema principal, según Palacios, es que la Aerocivil carece de facultades sancionatorias en materia de protección al consumidor, de conformidad con el Decreto 2194 de 2021.
En este sentido, el académico alertó que la Superintendencia de Transporte, entidad que sí puede investigar y sancionar a las aerolíneas por posibles violaciones a los derechos de los usuarios, ni siquiera es mencionada en la propuesta.
Para Palacios, esto supone un grave inconveniente: “El proyecto obliga a los usuarios a quejarse ante un organismo que no tiene poder para sancionar, lo cual, en la práctica, genera una barrera insalvable para la protección de los pasajeros”.
Facultades de la Aerocivil: ¿una maniobra para las aerolíneas?
Otro punto que encendió las alarmas es la intención del proyecto de otorgar a la Aerocivil la función de revisar los planes de protección a los pasajeros, una tarea que, en la actualidad, recae en la Superintendencia de Transporte.
De concretarse el cambio, el texto legal reforzaría la idea de que el proyecto está hecho a la medida de las aerolíneas, pues se concentrarían en la Aerocivil funciones que, de acuerdo con el profesor Palacios, “han demostrado estar limitadas para hacer valer los derechos de los usuarios”.
Asimismo, Palacios recordó que tanto la Aerocivil como la Superintendencia de Transporte quedaron cuestionadas tras la integración de Avianca y Viva, un proceso que evidenció vacíos en la capacidad estatal para hacer cumplir la normativa vigente.
“Estos antecedentes generan dudas sobre si esta nueva iniciativa legislativa fortalecerá la protección de los pasajeros o, por el contrario, abrirá más la puerta a posibles abusos de las aerolíneas”, señala.
La iniciativa para frenar cobros injustificados por equipaje de mano
En diciembre de 2024, el senador Alejandro Vega Pérez radicó ante la Secretaría General del Senado el proyecto de ley que busca regular el transporte de equipaje en el servicio aéreo comercial de pasajeros.
La propuesta nació de las múltiples quejas de usuarios, quienes denuncian prácticas abusivas relacionadas con cobros adicionales por el equipaje de mano, especialmente en las puertas de embarque.
“Radicamos un proyecto de ley para eliminar y acabar con el abuso de las aerolíneas en las puertas de embarque de los aeropuertos. No más colombianos con su tiquete comprado y que les estén cobrando por un derecho que debe ser de todos los viajeros”, explicó Vega.
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