En la tarde del martes 11 de marzo de 2025, se confirmó la decisión del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá le otorgó al departamento del Chocó el derecho a recibir más de 119.000 millones de pesos en regalías por la explotación de la única mina de cobre de Colombia.
Esta decisión se conoció en un momento particularmente crítico para la región que enfrenta una de sus peores crisis de violencia, y representa un auxilio para atender la emergencia humanitaria y reforzar la inversión social.
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La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, expresó su satisfacción y calificó la noticia como “maravillosa” para el departamento.
En un video publicado en la cuenta de X del departamento, la mandataria explicó el proceso que posibilitó este fallo favorable y subrayó la trascendencia de que el territorio reciba ingresos directos de la actividad minera.
“Estas son maravillosas noticias para el pueblo chocoano. Este beneficio estará orientado al municipio del Carmen de Atrato por regalías directas; sin embargo, también en su proporción beneficiará al departamento y a la nación”, aseguró Córdoba-Curi.
En el metraje, la gobernadora también agradeciendo a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
El origen del pleito minero
La millonaria controversia surgió de un litigio entre la ANM y la empresa Minera El Roble S.A., encargada de explotar la mina de cobre ubicada en Carmen de Atrato.
El inicio del desacuerdo se remonta al contrato 9319, firmado el 18 de agosto de 1987 entre el Estado colombiano y la compañía, por el cual se establecía que, si la mina superaba las 100.000 toneladas de material extraído al año, debía reconocerse una participación a la nación.
Durante más de dos décadas, la producción no habría alcanzado ese límite; sin embargo, en 2013 la canadiense Atico Mining Co. adquirió la mina y destinó cerca de 70 millones de dólares para incrementar su capacidad.
Fue así como en 2014 la extracción anual rebasó las 100.000 toneladas y se activó la obligación de pagar regalías y participaciones al Estado.
A partir de ahí, surgió la controversia en torno a la interpretación contractual: mientras la ANM y la Contraloría General de la República sostenían que el límite se refería al material extraído, la compañía argumentaba que se aplicaba al volumen de mineral procesado.
Por tal motivo, en 2021, la Contraloría señaló un posible detrimento patrimonial de más de 21.900 millones de pesos, atribuido a la falta de seguimiento y cobro oportuno de las regalías correspondientes.
El fallo arbitral y la millonaria suma
Ante el desacuerdo entre la ANM y Minera El Roble S.A., el caso llegó el 9 de septiembre de 2022 al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Tras dos años y cinco meses de deliberaciones, los árbitros Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Álvaro Andrés Motta Navas y Enrique José Arboleda Perdomo fallaron a favor de la Agencia Nacional de Minería, pues determinaron que la compañía debía pagar 119.984 millones de pesos por concepto de regalías, participaciones e intereses.
En la decisión, el tribunal aclaró que Minera El Roble está obligada a pagar el 3% del precio de venta “del mineral en bruto puesto en boca de mina o en plaza” a modo de participación nacional, siempre que la producción anual de la mina superara las 100.000 toneladas posteriores al 30 de junio de 1994.
Asimismo, precisó que, a partir de esa fecha, dicha participación debía denominarse “regalía” y ser del 5% para hierro y cobre, y 4% para oro y plata.
Tras la decisión, la empresa cuenta con un plazo de cinco días para efectuar el pago; de lo contrario, deberá sumar intereses de mora.
Repercusiones para el desarrollo del Chocó
La gobernadora Córdoba-Curi resaltó la relevancia de contar con más de 119.000 millones de pesos que se destinarán, en primera instancia, a obras en el municipio de Carmen de Atrato y también a proyectos en otras zonas del departamento.
Los planes incluyen inversiones en infraestructura, salud y educación, así como atención a la crisis humanitaria: “Esto reivindica la capacidad que tiene el departamento del Chocó de vivir lícitamente de la minería como un activo del territorio”, aseguró la mandataria, por lo que la estrategia de desarrollo regional estará muy ligada al uso adecuado de estos fondos.
Finalmente, la gobernadora Córdoba-Curi consideró que esta decisión marca un antes y un después para la economía del Chocó, golpeada por el abandono estatal y la incesante actividad de grupos armados: “La minería seguirá siendo para el departamento un activo de desarrollo”.
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