Un juez penal del circuito de Bogotá condenó a seis años de prisión a once médicos habían obtenido irregularmente sus títulos profesionales en cirugía plástica y estética de una universidad de Brasil.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, estas personas aportaron documentación falsa para acceder a la convalidación de sus títulos ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, pero que estos no cumplían con los requisitos establecidos por la ley.
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Entre dichos documentos, se encontraban certificados de estudios, el histórico escolar que reportaba 2.616 horas cursadas y el texto que relacionaba el cumplimiento de horas de prácticas en hospitales, entre otros.
“En el curso de la investigación se estableció que los médicos no cumplieron con el requisito de cuatro años de presencialidad que exigía la universidad, y estuvieron en ese país por cortos periodos, de 51 y 95 días máximo”, mencionó la entidad acusatoria durante la audiencia.
Los hoy procesados fueron identificados como Víctor Manuel Jaramillo Torres, Javier Locano Botero, Rodolfo Albeiro López Zapata, Giovanni Cortés Montealegre, Marco Antonio Vergara Calero, Gerardo Rojas Gómez, Alfredo Rodríguez Figueroa, María Mónica Martínez, Rubén Darío Arciniegas Martínez, Juan Fernando Abadía Silva y Henry Diego Fernando Ortiz Silva, a quienes les fueron imputados los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
“Con ocasión de las condenas conocidas, el Ministerio de Salud tendrá que actualizar el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus) para que los ciudadanos conozcan las aptitudes y especialidades clínicas reales que pueden desarrollar estos profesionales. Por su parte, el Ministerio de Educación deberá cancelar las resoluciones de convalidación de los títulos académicos”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
Petición ante la Cidh
Tras conocerse la condena emitida por la justicia, la defensa de los médicos presentó una solicitud de carácter urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) con el propósito de que se brinden medidas cautelares contra los cirujanos, al considerar que se vulneraron sus derechos humanos por parte del Estado colombiano.
“Solicitar a la ilustre Comisión Interamericana De Derechos Humanos (en adelante CIDH) la implementación de Medidas Cautelares por parte del Estado de Colombia a través de la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial del Poder Público, en favor de los siguientes ciudadanos (a) colombianos”, se lee en la petición del equipo jurídico de los hoy condenados.
Entre las críticas de la defensa de los médicos cirujanos se encuentra la supuesta omisión de pruebas clave por parte de la Fiscalía y los tribunales, lo que habría afectado la imparcialidad del juicio.
“La petición, que apunta directamente a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, subraya que los acusados han sido sometidos a un proceso penal sin pruebas suficientes, vulnerando su derecho al debido proceso, las garantías judiciales y la presunción de inocencia. La defensa sostiene que tras este proceso hay oscuros intereses que buscan afectar la reputación de los médicos”, declaró la firma de abogados de Juan Camilo Sanclemente, quien defiende los intereses de los once procesados por la justicia, en un comunicado divulgado a la opinión pública.
Frente a la homologación de los títulos obtenidos en Brasil, la defensa de los médicos precisaron: “En primer lugar, la homologación de los títulos por parte de la Universidad Veiga de Almeida en Brasil, conforme a las normativas tanto brasileñas como colombianas, demuestra la legalidad de la formación obtenida por los médicos. Además, los documentos presentados fueron validados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y las autoridades de la universidad, lo que garantiza su autenticidad”.
Adicionalmente, el equipo jurídico de los galenos afirmaron que “la legalidad de los títulos ha sido puesta en duda por un fallo judicial que desconoce la validez de estos documentos, a pesar de su reconocimiento oficial en Brasil”.
Por el momento, la CIDH deberá evaluar la solicitud presentada por los cirujanos y determinar si existen fundamentos suficientes para otorgar las medidas cautelares solicitadas. Este proceso podría tomar tiempo, ya que la Comisión debe analizar detalladamente las pruebas y argumentos presentados por ambas partes.
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