El senador Juan Carlos García habló de la situación en el Catatumbo y la gestión de Petro: “Ha sido estático y lento el tema de la retoma”

La región del Catatumbo, en Norte de Santander, atraviesa una grave crisis de seguridad y humanitaria que se ha intensificado desde el 16 de enero, fecha en la que recrudecieron los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Aunque el Gobierno nacional ha emitido cerca de 20 decretos en un Estado de conmoción interior, la falta de una presencia estatal efectiva sigue siendo evidente en varios municipios; mientras que el desplazamiento forzado supera las 56.000 personas. Estas alarmantes cifras, registradas por el Puesto de Mando Unificado (PMU) y la Gobernación de Norte de Santander, reflejan la complejidad de esta situación.

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El senador Juan Carlos García, presidente de la Comisión Accidental de Vigilancia de la Crisis del Catatumbo, expresó su preocupación frente a la incapacidad de garantizar la seguridad necesaria para el retorno de las personas desplazadas a sus municipios en una entrevista para El Nuevo Siglo.

“Lamentablemente es una situación de emergencia humanitaria y de no seguridad para el retorno de los habitantes a los distintos municipios. Hay muchos lugares donde el Estado no ha podido llegar y en donde se encuentra la presencia de grupos armados al margen de la ley. Ha sido estático y lento el tema de la retoma, el retorno y el establecimiento de la seguridad en la zona”, afirmó.

En los últimos meses, la cantidad de desplazados ha incrementado bruscamente. Según el informe del PMU presentado el 5 de marzo, 56.000 personas han debido abandonar sus hogares. De estas, 28.951 se han desplazado hacia Cúcuta, 548 hacia Ocaña y 124 a Tibú. Cúcuta, siendo el principal receptor, ha registrado a casi 29.000 personas en albergues o alojamientos provisionales. Sin embargo, el senador García destacó que “la capacidad de respuesta de las autoridades locales y departamentales ha sido insuficiente debido a un débil acompañamiento del gobierno nacional en este tema”.

García también criticó la reciente visita del presidente Gustavo Petro a Tibú, en la que el mandatario señaló que algunas organizaciones campesinas podrían estar influenciadas por grupos armados ilegales. Según el senador, estas declaraciones generaron rechazo entre las comunidades locales porque No podemos concebir que asociaciones de 500, 1.000 o 2.000 campesinos, todos pertenezcan a grupos armados. Eso es un tema muy delicado, muy triste para el trabajo social de las organizaciones en los territorios y para la protección de los derechos humanos” manifestó.

Una de las mayores preocupaciones en el Catatumbo radica en el control que ejercen los grupos armados ilegales en zonas donde no hay presencia de fuerzas estatales. En palabras del senador García:

“En algunos municipios no existe control del Estado, la inversión no llega y lo único que rige es la ley de los grupos armados. En esta región han convivido por 50 años grupos criminales como el ELN, las Farc y el EPL, motivados por el narcotráfico para financiarse. No es fácil que entren a su casa, recluten a su hijo y a usted lo maten frente a su familia”.

En ciertos municipios, incluso se han identificado alcaldes que, armados, ejercen funciones de justicia y autoridad debido a la falta de instituciones estatales.

En materia de inversión social, el senador cuestionó la ejecución del llamado “Pacto Catatumbo” del gobierno nacional. Aunque se han asignado recursos para proyectos como la transversal del Catatumbo y la vía Tibú-La Mata, otros planes esenciales han sido omitidos. García señaló que “el Estado tiene unas vigencias futuras comprometidas que están en duda porque el gobierno no gira los recursos”.

El senador recordó que el plan de desarrollo territorial de la administración anterior contemplaba 1.105 proyectos elaborados en conjunto con las comunidades, pero muchos de ellos aún no se han llevado a cabo. A pesar de que se aprobaron inversiones en acueductos, electrificación rural y vías terciarias, el avance sigue siendo incierto.

“Lo que ha sido la inversión más grande de la historia de la región, la vía principal con casi $300.000 millones, está por fuera del pacto por el Catatumbo que anunció el gobierno nacional”, concluyó.

Ante esta grave problemática, la bancada del senador García ha citado a un debate de control político en el Senado para el 11 de marzo. En esta audiencia, varios ministros deberán rendir cuentas sobre los planes de acción e inversión en el Catatumbo.

Entretanto, los habitantes de la región siguen enfrentando el desplazamiento, la violencia y la incertidumbre que implica la ausencia del Estado. Resolver esta crisis requerirá no solo medidas de seguridad inmediatas, sino también un compromiso sostenido con el desarrollo social y económico del territorio.