“No voy a descansar hasta que a Marelbys Meza se le pida perdón”: Iván Cancino habló sobre el caso de la niñera de Laura Sarabia

En un contexto marcado por una profunda crisis de confianza en el sistema judicial colombiano, el abogado penalista Iván Cancino volvió a referirse al caso de su defendida, Marelbys Meza, que en su momento trabajó como niñera para Laura Sarabia, actual canciller de Colombia. Durante su intervención, Cancino reiteró su rechazo a las acciones ilegales que se cometieron en contra de Meza, incluyendo las interceptaciones telefónicas irregulares y su injusta vinculación con el Clan del Golfo.

Durante su intervención en Caracol Radio y Red+ Noticias, Cancino enfatizó en la gravedad de las violaciones a los derechos de Meza y reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia para ella. “Obviamente, no voy a descansar primero hasta que a Marelbys Meza se le pida perdón de la manera clara por parte de las personas poderosas que han acabado con su dignidad y su vida, que la reparen porque obviamente su vida ha sido miserable. Una persona que no tiene dinero; ahora no trabaja, prácticamente que no ha podido ver a su familia y caiga quien caiga, como dice. Hasta donde tenga que subir”, declaró el abogado.

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A lo largo de los últimos meses, el caso ha estado rodeado de numerosas controversias que generaron gran impacto en la opinión pública. Entre los hechos más polémicos se encuentra el uso indebido del polígrafo en la Casa de Nariño, donde Marelbys Meza fue sometida a un interrogatorio en circunstancias cuestionables, así como el espionaje ilegal del que fue víctima, a través de interceptaciones telefónicas irregulares que vulneraron su derecho a la privacidad.

Así mismo, el jueves 6 de marzo se llevó a cabo una nueva diligencia judicial en la que dos policías implicados en el escándalo tenían previsto aceptar cargos. Sin embargo, el abogado denunció la existencia de maniobras dilatorias que obstaculizan el avance del proceso. Entre ellas, mencionó la actuación de una jueza que pretendía trasladar el caso a la jurisdicción militar, lo que, según Cancino, representaría un intento de eludir la responsabilidad de los altos mandos involucrados.

“Adivine cuál fue la defensa de los abogados de varias personas, fue como cuando a usted le cobraban la plata y decían, yo se la mandé. ¿Con quién se la mandó? Con el muerto. Yo he sido muy claro, nosotros no vamos a dejar bajo ninguna circunstancia que le echen la culpa al muerto porque además arriba del muerto había personas que eran muy superiores”, aseguró Cancino, dejando entrever la existencia de figuras de alto nivel que podrían haber participado en las irregularidades”, insistió.

Finalmente, el abogado explicó que el proceso judicial se encuentra en una especie de estancamiento, ya que aún está pendiente la decisión de la Corte Constitucional sobre la competencia del caso. Según detalló, es necesario definir si los policías implicados deben ser juzgados por la justicia ordinaria o si, por el contrario, el proceso debe trasladarse a la jurisdicción penal militar.

“El polígrafo es una situación que hicieron unas personas que tienen una autoridad y una función pública y tendrán que responder. Ese proceso está un poco parado porque están decidiendo en la Corte Constitucional, pero sí le puedo decir que no hemos llegado al tope. Vamos a llegar, es una promesa que le hice a Marelbys y yo mis promesas las cumplo”, afirmó.

Un juez de la República decidió no avalar el principio de oportunidad concedido por la Fiscalía a la patrullera de la Policía Dana Alejandra Canizales, al considerar que el caso es de gravedad y existe riesgo de reiteración. Canizales está involucrada en la investigación por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia.

Como parte del acuerdo, la expatrullera se había comprometido a ser testigo clave en varios procesos relacionados con el escándalo. Entre ellos, testificar en contra del intendente Alfonso Quinchanegua y el capitán de la Sijin, Óscar Alejandro Mojica, señalados de alterar documentos oficiales para justificar las interceptaciones a Meza. A cambio, recibiría inmunidad parcial.

Para rechazar el beneficio, además de argumentar la gravedad de los hechos, el juzgado señaló inconsistencias en la justificación presentada. “Se echa de menos en la argumentación de la Fiscalía General lo alusivo al test de proporcionalidad”, explicó la decisión.