La Justicia Especial para la Paz (JEP) podría tomar una decisión drástica respecto al general (r) Mauricio Santoyo, que se encuentra bajo su jurisdicción por presuntos vínculos con el paramilitarismo y desapariciones forzadas.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decidió abrir un incidente de verificación de su régimen de condicionalidad, lo que significa que se evaluará si ha incumplido con sus obligaciones en el proceso transicional. De encontrarse irregularidades, podría enfrentar la expulsión de la justicia especial.
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De acuerdo con la JEP, el general (r) no ha cumplido con los compromisos adquiridos en el Sistema Integral para la Paz. “El aporte de verdad del compareciente Mauricio Alfonso Santoyo Velasco hasta el momento es insuficiente para entender satisfechas sus obligaciones dentro del Sistema y la garantía de los derechos de las víctimas, y por ende ha incumplido con los deberes y obligaciones que tiene con el Sistema Integral para la Paz en la presentación y cumplimiento de su régimen de condicionalidad, y la actitud adoptada en el trámite transicional no contribuye efectivamente al cumplimiento de las finalidades de reparación, la consecución de la verdad y la reparación del daño causado a las víctimas”, indicó el tribunal de paz.
El caso de Santoyo hace parte del macrocaso 08 de la JEP, que investiga la relación entre agentes del Estado y grupos paramilitares en Antioquia durante el conflicto armado. Pese a que fue condenado en Estados Unidos por sus nexos con estos grupos ilegales, en Colombia ha negado cualquier responsabilidad en las desapariciones forzadas de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, ambos defensores de derechos humanos.
Según la justicia transicional, Santoyo entregó información sobre su accionar en marzo de 2024, pero un análisis comparativo con declaraciones dadas en diciembre del mismo año reveló contradicciones e inconsistencias en su testimonio, lo que despertó dudas sobre su veracidad y compromiso con la verdad.
En su defensa, el exoficial ha insistido en que no tuvo ninguna injerencia en los hechos que se le atribuyen. En su última comparecencia ante la JEP, aseguró que para la época en la que ocurrieron las desapariciones de Monsalve y Quintero ya no dirigía el Gaula de Medellín, la unidad de la Policía Nacional encargada de combatir el secuestro y la extorsión.
Tribunal le negó una solicitud de libertad
Mientras la JEP avanza en la revisión de su condicionalidad, el Tribunal Superior de Bogotá le negó recientemente un recurso de habeas corpus a Santoyo, con el que buscaba recuperar su libertad argumentando que ya había superado los términos máximos de detención preventiva.
El fallo determinó que el general (r) se encuentra legalmente privado de la libertad y que las decisiones sobre su situación deben ser resueltas dentro del proceso ordinario ante los jueces competentes. “Verificado que el accionante está legalmente privado de la libertad, por cuenta del diligenciamiento aludido y considerando que no corresponde en este escenario procesal revisar las determinaciones objetadas por el señor Santoyo Velasco, en las que, en todo caso, se expuso por qué no era posible acceder a lo pretendido y que apreciadas objetivamente tampoco se observan transgresoras de su derecho a la libertad, no es posible conceder el amparo deprecado”, argumenta la decisión conocida por Blu Radio.
Cabe recordar que Santoyo ocupó varios cargos dentro de la Policía Nacional, incluyendo la Subdirección de Antisecuestro y Antiextorsión entre 1999 y 2001, la Comandancia del Cuerpo Élite Antiterrorista de Medellín en 2001 y, posteriormente, la Jefatura de Seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005. Con la negativa de su habeas corpus y la apertura del incidente de verificación de su régimen de condicionalidad en la JEP, el futuro jurídico del general (r) Mauricio Santoyo parece tornarse cada vez más complejo.
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