El ministro del Interior, Armando Benedetti, generó una nueva controversia política tras sus declaraciones sobre la posible conformación de un “frente amplio” de fuerzas políticas para las elecciones presidenciales de 2026. La propuesta del alto funcionario recibió críticas por parte de la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, y del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, que rechazaron la iniciativa y señalaron su posible carácter inconstitucional.
Durante una rueda de prensa, Benedetti expresó la intención de consolidar una alianza entre partidos de centro e izquierda con miras a las elecciones de 2026: “Al mismo tiempo, el presidente está intacto todo lo que es su votación y esto se va a definir entre antipetristas y petristas. Si logramos hacer un frente amplio para marzo las próximas elecciones, el del próximo año, en donde vaya el Partido de La U, el Pacto Histórico, Partido Liberal, independiente, y los Verdes de Amaya, etcétera, que de ahí pueda salir un candidato un frente amplio, muy seguramente se puede ganar versus el de la derecha que puede ser Claudia López, Fajardo y Vicky Dávila”.
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La declaración se produjo en un contexto en el que el Pacto Histórico busca consolidar su estrategia electoral y definir un candidato único para los próximos comicios. La llegada de Benedetti al Ministerio del Interior —en el quinto remezón del presidente Petro en su gabinete— fue interpretada como parte de una estrategia del mandatario para fortalecer su proyecto político y garantizar la continuidad de su ideología en el poder.
No obstante, las palabras del ministro desataron una serie de críticas, tal y como pasó con la senadora María Fernanda Cabal, que señaló que la participación del funcionario en actividades electorales transgrede el artículo 127 de la Constitución Política, el cual prohíbe a los servidores públicos intervenir en controversias o procesos electorales.
A través de su cuenta de X, la congresista posteó: “Inaceptable que el Ministro de la política, del Interior, funcionario público al que solo se le permite hacer lo que ordena la Constitución y la Ley trasgreda la prohibición de participación en política. Benedetti es parte de la Comisión de Garantías Electorales. Aquí no hay respeto por nada”.
Pues cabe destacar que, el artículo 127 establece que los funcionarios no pueden participar en actividades políticas, salvo para ejercer el derecho al voto. La norma también contempla que los servidores públicos que incumplan esta disposición podrán ser sancionados, lo que avivó el debate sobre el papel de Benedetti dentro del Gobierno.
Por su parte, Sergio Fajardo también cuestionó la postura del ministro y criticó al Gobierno nacional por su actuación, por medio de la misma red social el exgobernador señaló: “El gobierno del cambio de Petro terminó en el “todo vale” de Benedetti”
Además, el líder político señaló que tras gestiones gubernamentales pasadas empezaba una buena Presidencia, al indicar lo que esperaba para 2026: “No les da pena admitir que están haciendo campaña abiertamente con recursos públicos y nos meten a todos en la misma bolsa porque quieren seguir con la estrategia de mentirle al país. Como he dicho tantas veces: después del mal gobierno de Duque y el mal gobierno de Petro, viene la buena película 😉”.
El debate sobre la participación de Benedetti en asuntos electorales también provocó reacciones dentro de otros sectores políticos, muchos que la propuesta del ministro podría afectar la transparencia y la imparcialidad en los procesos electorales, especialmente debido a su papel como cabeza de la Comisión Nacional de Garantías Electorales.
La controversia ocurre en medio de una etapa clave para el Gobierno nacional, que busca consolidar su proyecto político y enfrentar los desafíos que se avecinan para las elecciones de 2026. La posibilidad de conformar un partido único ha sido uno de los principales objetivos del presidente Petro desde el inicio del año, lo que ha derivado en diversos cambios dentro del gabinete ministerial.
En el plano jurídico, se advierte que la intervención de funcionarios en asuntos políticos podría derivar en investigaciones por parte de los órganos de control. La Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las normas por parte de los servidores públicos, podría iniciar investigaciones sobre las declaraciones del ministro.
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