En la tarde del martes 4 de marzo de 2025, se conoció que la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia presentó una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional en la que solicitó la declaratoria de inexequibilidad de varias disposiciones incluidas en el Decreto Legislativo 62 de 2025.
Dicho decreto estableció el Estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, en el área metropolitana de Cúcuta y en los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.
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La congresista argumentó que el Gobierno nacional no habría cumplido con el “presupuesto material” que exige la ley para imponer este tipo de medidas de excepción, alegando, en concreto, la insuficiencia de las herramientas ordinarias de seguridad y gobernabilidad que justificaría la declaración.
El sustento legal de la petición<b> </b>
La petición de la senadora se basó en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual establece tres presupuestos, fáctico, valorativo y material, que deben cumplirse para que un decreto legislativo que declara el estado de conmoción interior sea constitucional.
Por tal motivo, en el documento, Paloma Valencia hizo énfasis en el componente “material”, afirmando que el Gobierno Petro no ha podido acreditar la insuficiencia de las medidas ordinarias para enfrentar la crisis en el Catatumbo y zonas aledañas.
En otras palabras, la congresista considera que antes de recurrir al estado de excepción, el Ejecutivo debió agotar todos los mecanismos legales y administrativos a su disposición para restaurar el orden público, lo cual, según la senadora, no ha ocurrido.
El documento oficial enviado a la Corte señala que “no se cumplen con el presupuesto material de insuficiencia de las medidas ordinarias”, por lo que la declaración de conmoción interior carecería de fundamento.
De ser aceptada la solicitud de inexequibilidad, el decreto podría quedar sin efecto, forzando al Gobierno a buscar otras vías para afrontar la situación de orden público y social en esa región del país.
La crisis en el Catatumbo y las críticas al Gobierno
El Catatumbo es reconocido como una de las zonas con mayor complejidad de seguridad en Colombia, marcado por la presencia de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos y elevados índices de violencia.
Bajo la administración de Gustavo Petro, el Gobierno nacional decretó la conmoción interior para disponer de facultades extraordinarias que le permitan actuar rápidamente ante la crisis humanitaria y de seguridad; no obstante, la oposición, encabezada en este caso por Paloma Valencia, ha cuestionado la decisión, argumentando que se trata de un recurso extremo aplicado sin agotar los procedimientos habituales de la fuerza pública y el desarrollo social.
A través de un video que compartió en su cuenta de X, la senadora acusó al Gobierno Petro de haber sido complaciente con el crecimiento de grupos ilegales en el Catatumbo.
A su juicio, las autoridades habrían reducido la confrontación militar, permitiendo así el aumento de efectivos de organizaciones criminales y el recrudecimiento de los desplazamientos.
Según cifras citadas por Valencia, unos 47.000 habitantes habrían sido forzados a abandonar sus hogares, lo que califica como una “crisis humanitaria grave”.
El polémico señalamiento sobre la Fuerza Pública
En el mismo video, Paloma Valencia criticó la capacidad de la fuerza pública en la zona, pues aseguró que el Ejército debe alquilar helicópteros para operar porque los recortes en mantenimiento de aeronaves habrían mermado sus recursos, lo cual, según la senadora, afecta gravemente la eficiencia de las labores de control del territorio.
Además, manifestó que el Gobierno Petro habría reducido de manera intencional la confrontación armada, generando el escenario para que las disidencias y los grupos ilegales “crecieran en número y control”.
La senadora también habló de un supuesto reclutamiento intensificado de menores de edad en la región, atribuyendo esta situación a las condiciones impuestas por el propio Ejecutivo para no bombardear campamentos en presencia de niños.
Valencia consideró que la administración Petro ha desestimado la problemática, centrándose en el discurso de menor confrontación y dejando a la Fuerza Pública con capacidades insuficientes para ejercer un dominio real en el territorio.
Reacciones a la acción legal de Valencia
La intervención ante la Corte no pasó desapercibida para los sectores políticos cercanos al oficialismo.
Varios congresistas adeptos al Gobierno expresaron críticas a la postura de la senadora, entre ellos destacó María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara, que, en su cuenta de X, lanzó fuertes señalamientos:
“No hicieron, ni dejan hacer. Tres periodos de gobierno del uribismo y no fueron capaces de llevar paz al Catatumbo, de llevar inversión social, de silenciar los fusiles, muchísimo menos de ofrecer sustitución de cultivos, y ahora @PalomaValenciaL cínicamente apunta contra esa posibilidad. Mezquina y descarada”.
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