Un caso de presunta corrupción dentro de la Policía Nacional ha salido a la luz tras la imputación de cargos a cinco uniformados por su participación en un falso allanamiento en una finca ubicada en la vereda Encenillos, en el municipio de Girardota, Antioquia.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, los implicados habrían falsificado documentos oficiales para obtener autorización de registro, apropiándose posteriormente de bienes y exigiendo dinero al propietario del inmueble.
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De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 11 de julio de 2024, cuando los uniformados, integrantes del Grupo Contra Atracos de la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ingresaron al predio tras presentar documentos falsos que habían sido previamente autorizados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).
Entre los señalados se encuentran el intendente Juan Francisco Mancilla Barbosa, la patrullera Thyana Karina Rodríguez Melo, los subintendentes Carlos Andrés Jiménez Noguera y Cristian David Valencia Valencia, y el patrullero Jeisson Fernando Rolón Sepúlveda.
Durante el operativo, los policías habrían encontrado una subametralladora calibre 9 milímetros, un arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, que no fue reportada ni entregada al despacho que autorizó la diligencia. Además, según detalló la Fiscalía, uno de los uniformados se habría apropiado de una camándula de oro valorada en 40 millones de pesos.
El propietario de la finca también fue víctima de extorsión. Según consignó la Fiscalía, los policías le exigieron 150 millones de pesos para no judicializarlo por el presunto delito de porte ilegal de armas de fuego. Además, lo habrían amenazado con involucrar a la Policía de Infancia y Adolescencia debido a la presencia de su sobrina de 15 años en el lugar. Ante la presión, la víctima entregó 20 millones de pesos en las inmediaciones de la sede de la Fiscalía en Medellín.
La Fiscalía formuló imputación a los cinco uniformados por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación y concusión. Durante la audiencia, ninguno de los acusados aceptó los cargos.
Los implicados fueron capturados por agentes de la Dijin de la Policía Nacional y presentados ante un juez de control de garantías, quien les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivas residencias. Según reportó el medio Minuto 30, las autoridades continúan investigando si existen más personas involucradas en este caso.
El origen de este caso se remonta al 8 de julio de 2024, cuando el intendente Mancilla Barbosa y la patrullera Rodríguez Melo presentaron documentos falsificados a un fiscal de la URI, quien autorizó dos diligencias de allanamiento y registro en inmuebles, incluyendo la finca en Girardota. Tres días después, los cinco uniformados ejecutaron el operativo en el que se habrían cometido las irregularidades denunciadas.
Entre los bienes no reportados se encuentra la subametralladora calibre 9 milímetros, que, según las investigaciones, nunca fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Este hecho, junto con la apropiación de la joya de alto valor y la extorsión al propietario, ha generado gran preocupación sobre el abuso de poder y la corrupción dentro de las filas policiales.
El caso ha generado indignación en la comunidad y ha puesto en el centro del debate la necesidad de reforzar los controles internos en las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana. S
Por su parte, la Fiscalía ha reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Las investigaciones continúan en curso para determinar si existen otros implicados en este caso de presunta corrupción policial.
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