Colfecar advierte que nueva resolución de Ministerio de Ambiente podría colapsar el acceso a Bogotá

El gremio del transporte de carga, representado por Colfecar, expresó su rechazo a la resolución emitida por el Ministerio de Ambiente sobre el ordenamiento de la Sabana de Bogotá. La organización advirtió que esta medida podría generar la parálisis de importantes proyectos de infraestructura, afectando la movilidad y el desarrollo logístico de la capital.

Según Colfecar, la situación del transporte de carga en Bogotá ya enfrenta serios problemas debido a las dificultades de acceso a la ciudad. “Ingresar a Bogotá implica para una tractomula entre 3 y 4 horas adicionales por cualquiera de sus vías de acceso”, indicó el gremio en su pronunciamiento. Esta demora impacta directamente los costos operativos y la competitividad del sector, generando sobrecostos en el transporte de mercancías.

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La resolución del Ministerio de Ambiente, que busca establecer criterios de ordenamiento en la Sabana, es objeto de críticas por parte de diversos sectores económicos. Desde Colfecar señalan que la medida no tuvo en cuenta el impacto sobre la movilidad de carga y la infraestructura vial, lo que podría agravar aún más la congestión en los accesos a Bogotá.

En ese sentido, el gremio hizo un llamado al Gobierno para que revise la normativa y abra espacios de concertación con los actores afectados. “Es fundamental que las decisiones de ordenamiento territorial no generen bloqueos al desarrollo económico y productivo del país”, señaló Colfecar.

El pronunciamiento se sumó a la advertencia realizada por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), liderada por Juan Martín Caicedo, que expresó su preocupación ante el riesgo de una posible parálisis en la ejecución de obras clave tanto en la capital como en la región. Según Caicedo, la resolución del Ministerio de Ambiente podría generar trabas significativas en proyectos de infraestructura fundamentales para el desarrollo urbano y económico.

Por otro lado, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, desestimó estas afirmaciones y negó que la normativa representara un obstáculo para la ejecución de obras en Bogotá y sus alrededores. Muhamad defendió la resolución al afirmar que su finalidad es salvaguardar los recursos naturales estratégicos y mitigar los efectos del cambio climático.

“Su propósito es claro: proteger el agua, los suelos fértiles y los ecosistemas estratégicos. Bogotá lleva un año en racionamiento y la crisis hídrica es real. No podemos seguir expandiéndonos sin límites”, reiteró la exfuncionaria, enfatizando la necesidad de establecer regulaciones que equilibren el desarrollo urbano con la sostenibilidad ambiental.

La posible paralización de proyectos de infraestructura en la Sabana de Bogotá tiene implicaciones económicas y sociales de gran alcance. En términos económicos, la restricción de obras clave afectaría directamente la movilidad y el transporte de carga, un sector fundamental para el abastecimiento y la competitividad de la región. Según Colfecar, la actual congestión en las vías de acceso a Bogotá ya genera demoras de hasta cuatro horas adicionales para las tractomulas, lo que incrementa costos operativos y logísticos. La suspensión o retraso de nuevas infraestructuras viales agravaría este problema, impactando la eficiencia del comercio y el crecimiento económico de la capital y sus alrededores.

Desde el punto de vista social, la falta de avances en infraestructura podría traducirse en una menor calidad de vida para los ciudadanos. Una movilidad deficiente no solo afecta el transporte de bienes y servicios, también limita el acceso de la población a oportunidades laborales, educativas y de salud. Además, la incertidumbre sobre la ejecución de proyectos genera inestabilidad en sectores como la construcción, que dependen de estas obras para mantener empleos y dinamizar la economía local.

No obstante, los defensores de la resolución del Ministerio de Ambiente argumentan que frenar el crecimiento descontrolado de la Sabana de Bogotá es una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales. La protección del agua y los suelos fértiles es clave para enfrentar la crisis hídrica que atraviesa la ciudad. El reto radica en encontrar un equilibrio entre desarrollo e impacto ambiental, asegurando que las regulaciones no se conviertan en un freno absoluto al progreso, sino en un mecanismo que permita un crecimiento ordenado y sostenible.