El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un plan integral de transformación social y económica para la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, una zona fronteriza con Venezuela marcada por la violencia guerrillera y el narcotráfico.
La estrategia, que se desarrolla en el marco del estado de conmoción interior vigente desde enero, contempla una inversión de 2.7 billones de pesos (aproximadamente 670 millones de dólares) y busca abordar problemáticas como la erradicación de cultivos ilícitos, el desplazamiento forzado y la falta de infraestructura, según DW.
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El plan incluye la erradicación de 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, lo que representa la mitad de las plantaciones en la región, sin recurrir a métodos de fumigación. En su lugar, se implementará un esquema de pagos por erradicación voluntaria, que incentivará a los campesinos a eliminar completamente las plantas, incluidas sus raíces, para evitar su regeneración.
Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, explicó que los campesinos recibirán un pago mensual de $1.280.000 durante un año mientras se desarrollan alternativas económicas legales.
Además, el Gobierno planea titular las tierras recuperadas en favor de los campesinos, un proceso que, según Semana, se llevará a cabo en tiempo récord. Este componente busca garantizar la estabilidad de las comunidades rurales y evitar que los territorios vuelvan a caer bajo el control de grupos armados ilegales.
Otro eje central del plan es la mejora de la infraestructura en la región. Según detalló Semana, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció una inversión de 240.000 millones de pesos para la construcción de la Transversal del Catatumbo, una vía que conectará a esta región con el resto del país. Este proyecto es considerado clave para facilitar el acceso a mercados y servicios básicos.
En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, solicitó 387.000 millones de pesos para fortalecer la infraestructura y la oferta educativa en todos los niveles.
Entre las iniciativas destacadas se encuentra la construcción de colegios que ofrecerán educación básica y media, así como una sede universitaria en el municipio de El Tarra, que beneficiará a más de 11.900 personas, incluidos 861 estudiantes del pueblo indígena Barí.
Por su parte, el Departamento de Prosperidad Social, encabezado por Gustavo Bolívar, destinará 42.000 millones de pesos para atender a 3.654 hogares en los municipios de Ábrego, El Tarra y Tibú.
Además, se realizarán transferencias económicas a 38.237 adultos mayores, incluidos indígenas y migrantes, con un costo inicial de 5.286 millones de pesos durante los 90 días que dure el decreto de conmoción interior.
Si estas transferencias se extendieran durante todo el año, el costo ascendería a cerca de 60.000 millones de pesos.
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó que los recursos para este ambicioso plan no provendrán del presupuesto nacional ordinario, sino de impuestos excepcionales decretados en el marco de la conmoción interior. Según reportó DW, se espera recaudar parte de los fondos mediante gravámenes adicionales a los juegos de azar en línea, la venta y extracción de carbón y petróleo, y las transacciones bancarias.
La región del Catatumbo enfrenta una grave crisis humanitaria y de seguridad. Según informó SWI, desde el 16 de enero, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc han dejado al menos 71 muertos y más de 50.000 desplazados. E
l presidente Petro denunció que el ELN ha expulsado a miles de personas de zonas cultivadoras de coca para ocuparlas con población ajena al territorio, lo que calificó como un problema de soberanía nacional y una violación al derecho internacional humanitario.
En este contexto, el mandatario propuso la creación de una comisión internacional, con el apoyo de Naciones Unidas, para evaluar las violaciones al derecho internacional humanitario en la región. Según SWI, Petro afirmó que el balance de víctimas podría ser mayor, ya que se sospecha que el ELN ha enterrado cuerpos en fosas comunes.
El Gobierno también ha suspendido los diálogos de paz con el ELN, que habían iniciado a finales de 2022, y ha ordenado a las fuerzas militares recuperar el control de la frontera. Según Semana, la estrategia gubernamental busca combinar el control político y social con una intervención militar para estabilizar la zona y garantizar la seguridad de sus habitantes.
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