Ángela Benedetti —hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti— volvió a lanzar fuertes declaraciones que agitan aún más el panorama político del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La exembajadora de Colombia en Panamá mantiene una postura vigilante respecto a los recientes escándalos que involucran a altos funcionarios del Ejecutivo, especialmente en el caso relacionado con Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el ‘zar del contrabando’.
La polémica sobre Diego Marín tomó relevancia tras las sospechas de que habría intentado ingresar recursos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según versiones preliminares, “Papá Pitufo” estaría detrás de una red de contrabando que permeó diferentes instituciones estatales, lo que ha generado interrogantes sobre la transparencia en la financiación de la campaña y su influencia en la administración gubernamental actual.
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Ángela Benedetti, a través de su cuenta en la red social X, insistió en la gravedad de las implicaciones que tendría este caso, sugiriendo que no solo se trata de un intento de financiación ilegal, sino de una infiltración de las redes criminales en la administración pública. “Crecen y crecen los escándalos que agobian al Gobierno”, expresó la mujer, al destacar que la situación se fue complejizando con la revelación de nuevos detalles.
Uno de los aspectos que enfatizó Ángela Benedetti es la necesidad de dividir el caso en dos etapas para comprender su verdadera magnitud: “Lo de Papá Pitufo, que para entenderlo mejor debemos dividirlo en Pitufo en la campaña y Pitufo infiltrado en el Gobierno”. La ex servidora pública insinuó que las acciones de Diego Marín no se limitaron al proceso electoral, sino que habrían continuado una vez que el actual Gobierno asumió funciones.
En la fase relacionada con la campaña, las acusaciones apuntan a que Marín habría inyectado recursos económicos con el objetivo de obtener beneficios futuros. No obstante, las investigaciones también se centran en la etapa posterior, donde presuntamente habría logrado establecer vínculos con funcionarios de alto nivel para facilitar sus operaciones ilícitas dentro de las instituciones públicas.
La exembajadora advirtió que este entramado delictivo podría involucrar a varios funcionarios del más alto rango dentro del Gobierno: “Y aún faltan altas y altos funcionarios del más alto nivel involucrados”. Estas declaraciones provocaron expectativa y preocupación, al insinuar que la red de contrabando pudo haberse extendido a los círculos más cercanos del Ejecutivo.
Benedetti insistió en la importancia de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades para preservar la transparencia y la confianza en las instituciones. Sus declaraciones se suman a las indagaciones que adelantan las autoridades competentes, quienes buscan determinar el alcance de la presunta infiltración y las posibles responsabilidades penales que podrían derivarse.
Este fue el papel que jugó “Papá Pitufo” en entidades del Estado, de manera ilegal
“Papá Pitufo” operó durante más de tres décadas en actividades ilícitas que han afectado a diversas instituciones estatales y su nombre cobró relevancia debido a presuntos vínculos con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, lo que generó un debate sobre la infiltración de estructuras criminales en las esferas políticas y gubernamentales del país.
Según informes, “Papá Pitufo” habría intentado financiar la campaña de Petro con una suma de 500 millones de pesos; sin embargo, el presidente negó rotundamente cualquier vínculo con Marín, al afirmar que no hubo aportes de este individuo a su campaña y que no existió ningún encuentro entre ellos. Petro fue enfático al señalar que está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer cualquier duda al respecto.
La influencia de Marín no se limita a intentos de infiltración en campañas políticas, pues investigaciones periodísticas revelaron que, durante casi cuatro décadas, el ‘zar del contrabando’ construyó una extensa red de corrupción que involucraba a altos mandos de la Policía Nacional, funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y otros entes gubernamentales. Esta red le permitió operar con impunidad, afectando la economía nacional y debilitando la confianza en las instituciones.
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