
El empresario Germán Alfonso Calle Ramírez, conocido por su influencia en la industria del golf y su cercanía con figuras del poder político y económico, enfrenta una condena de cinco años de prisión por el delito de estafa agravada.
Pero lo más llamativo del caso no es la condena en sí, sino la forma en que se concretó su captura: Calle Ramírez, que actualmente reside en Ciudad de Panamá, cayó debido a que fue rastreado a través de movimientos financieros y registros migratorios compartidos por las autoridades colombianas y panameñas.
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Además, la noticia ha tenido un eco particular en redes sociales porque el empresario es padre de Daniela Calle, una de las influencers más populares de Colombia, parte del dúo Calle y Poché. Esta conexión familiar ha amplificado la atención mediática y ha llevado a que seguidores de la creadora de contenido comenten masivamente sobre el caso.
La condena está relacionada con una deuda que inicialmente ascendía a 380 millones de pesos colombianos, pero que, con intereses, supera los 1.200 millones de pesos. El caso involucra la compraventa de un apartamento en Bogotá en el edificio Canelo, al norte de la ciudad, y la participación de una de las empresas de Calle Ramírez, Sport Link SAS, actualmente en proceso de liquidación, según la investigación de El Tiempo.

Según el fallo, el empresario habría engañado a los vendedores mediante la simulación de un leasing inmobiliario con el Banco Itaú, lo que derivó en la defraudación económica de las víctimas.
Calle Ramírez alcanzó notoriedad en los años 90 al organizar torneos de golf internacionales, como el Máster de Augusta, y relacionarse con figuras como Bill Clinton y Juan Pablo Montoya. Sin embargo, mientras su figura pública crecía, surgieron denuncias en su contra por irregularidades financieras.
De acuerdo con el medio mencionado, el caso del apartamento en Bogotá fue clave para su caída. Utilizó Sport Link SAS para adquirir el inmueble, pero incumplió los pagos.
Incluso envió un correo falso de una ejecutiva de Itaú que confirmaba el giro del dinero a las víctimas, pero luego desvió los fondos a su cuenta personal. Esto llevó a que el exmagistrado Fernando Castro Caballero lograra reabrir el caso, que inicialmente fue archivado como un simple incumplimiento contractual.
Otros procesos y su respuesta a la decisión
Además de la condena por estafa, Calle Ramírez enfrenta una acusación de la Dian por omisión como agente retenedor, que supera los 300 millones de pesos. También ha tenido reclamaciones en Estados Unidos, aunque una demanda reciente en Miami fue desestimada.
Según el diario colombiano, la captura fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Fiscalía y autoridades panameñas, que rastrearon sus movimientos bancarios y su residencia en Ciudad de Panamá. A pesar de tener contactos influyentes, las pruebas eran contundentes y su ubicación quedó al descubierto.

Calle Ramírez asegura que la sentencia es injusta y que existen escrituras que prueban su cumplimiento de las obligaciones contractuales. Su abogado, el exfiscal Mario Iguarán, sostiene que el caso debería resolverse en el ámbito civil y que están dispuestos a negociar una reparación económica para extinguir la acción penal.
Según un comunicado emitido por el propio empresario, la sentencia no se encuentra en firme y ya ha sido objeto de un recurso de apelación. Este caso ha generado atención debido a las declaraciones del implicado, que asegura que existen documentos legales que respaldan el cumplimiento de sus obligaciones.
De acuerdo con el comunicado, el empresario sostiene que tres escrituras públicas certifican que las obligaciones en cuestión fueron cumplidas. Sin embargo, según explicó, el juzgado habría ignorado estos documentos al emitir su fallo.
“Pese a la existencia de 3 escrituras públicas en donde se reconoce el cumplimiento de las obligaciones (...) el Juzgado 45 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá desconoció los mismos y, en su lugar, profirió la cuestionada decisión en contra de mis intereses”, afirmó en su declaración.

Mientras sus abogados apelan la condena, Calle Ramírez sigue promoviendo torneos de golf en Asia, pero su regreso a Colombia lo llevaría directamente a la cárcel. La caída de este empresario, que pasó de codearse con las élites del deporte y la política a ser buscado por estafa, es un reflejo de cómo una red de engaños puede terminar desmoronando una reputación construida durante décadas.
Según un comunicado emitido por el propio empresario, la sentencia no se encuentra en firme y ya ha sido objeto de un recurso de apelación. Este caso ha generado atención debido a las declaraciones del implicado, quien asegura que existen documentos legales que respaldan el cumplimiento de sus obligaciones.
De acuerdo con el comunicado, el empresario sostiene que tres escrituras públicas certifican que las obligaciones en cuestión fueron cumplidas. Sin embargo, según explicó, el juzgado habría ignorado estos documentos al emitir su fallo.
“Pese a la existencia de 3 escrituras públicas en donde se reconoce el cumplimiento de las obligaciones (...) el Juzgado 45 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá desconoció los mismos y, en su lugar, profirió la cuestionada decisión en contra de mis intereses”, afirmó en su declaración.
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