A quién le toca pagar el arreglo de una fuga de agua de un apartamento que está en arriendo: a esto obliga la ley

Cuando se presenta una fuga de agua en una vivienda arrendada, ya sea un apartamento o una casa, surgen interrogantes sobre quién debe asumir los costos de reparación. Este tipo de situaciones, que pueden derivar de daños estructurales o del uso cotidiano, generan frecuentes disputas entre arrendadores e inquilinos. Sin embargo, la responsabilidad de cubrir estos gastos depende de la causa del daño y de lo estipulado en la legislación vigente.

De acuerdo con la Ley 820 de 2003, “por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones”, si el problema se origina en las tuberías o instalaciones generales de la vivienda, el propietario es quien debe encargarse de los costos de reparación.

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Asimismo, si el daño es consecuencia de un mal uso o negligencia del inquilino, como dejar un grifo abierto o manipular de manera incorrecta las instalaciones, será este último quien deba asumir los gastos. La norma busca garantizar que las viviendas arrendadas se mantengan en condiciones dignas para ser habitadas, mientras se distribuyen las responsabilidades de manera equitativa entre ambas partes.

El arrendatario tiene la obligación de hacer las llamadas reparaciones locativas, que son aquellas derivadas del uso diario y normal del inmueble. Los mismos incluyen el mantenimiento de grifos, enchufes, cerraduras, pintura interior y la reposición de vidrios rotos. Las tareas son consideradas parte del cuidado básico que debe tener quien habita la vivienda.

Además, el inquilino debe hacerse cargo de los daños ocasionados por su propia negligencia o la de sus visitantes. Por ejemplo, si un invitado rompe un vidrio o daña una puerta, el arrendatario es responsable de cubrir los costos de reparación.

Y en caso de que se detecten problemas mayores, como una fuga de agua en las tuberías principales, el inquilino tiene la obligación de informar al propietario de manera oportuna. Esto permite que el arrendador tome las medidas necesarias para evitar que el daño se agrave y genere costos adicionales.

El propietario, por su parte, debe garantizar que la vivienda se encuentre en condiciones adecuadas para ser habitada. Esto incluye asumir los costos de reparaciones relacionadas con la estructura externa del inmueble, como daños ocasionados por la intemperie, ya sea por lluvia, viento, granizo o exposición prolongada al sol. El compromiso busca asegurar que el arrendatario pueda disfrutar de un hogar seguro y funcional.

En casos donde el daño estructural afecte la habitabilidad del inmueble, el propietario tiene la responsabilidad de realizar las reparaciones necesarias. Esto incluye problemas en las tuberías principales, techos o paredes que comprometen la seguridad o el confort de los ocupantes. Estas reparaciones suelen ser más costosas y requieren una intervención profesional, por lo que es fundamental que el arrendador actúe con prontitud para resolverlas.

Otro aspecto relevante en la relación entre arrendador e inquilino es el proceso de devolución del inmueble. Si el propietario decide solicitar la vivienda, debe notificar al inquilino con al menos tres meses de antelación. La notificación debe hacerse por escrito y debe incluir las razones específicas para la solicitud.

Entre las causas más comunes para pedir la devolución del inmueble se encuentran el uso personal de la propiedad, la necesidad de llevar a cabo reparaciones mayores que hagan habitable el lugar o el incumplimiento del contrato por parte del inquilino. El procedimiento busca evitar malentendidos y posibles disputas legales, garantizando que ambas partes respetan los términos establecidos en el contrato de arrendamiento y en la legislación vigente.

La relación entre arrendador e inquilino puede ser compleja, en especial, cuando surgen problemas relacionados con el mantenimiento o la devolución del inmueble. Es fundamental que ambas partes mantengan una comunicación clara y respeten las obligaciones legales para evitar conflictos. Notificar a tiempo cualquier daño o necesidad de reparación, así como cumplir con los términos del contrato, son acciones clave para garantizar una convivencia armoniosa y evitar costos innecesarios.

En última instancia, la ley colombiana establece un marco claro para distribuir las responsabilidades entre arrendadores e inquilinos, asegurando que las viviendas arrendadas se mantengan en condiciones óptimas para ser habitadas. Sin embargo, el éxito de esta relación depende en gran medida de la disposición de ambas partes para cumplir con sus compromisos y resolver cualquier inconveniente de manera justa y transparente.