El concejal de Bogotá Juan Baena presentó una demanda contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Estado, por la suspensión del giro de más de un billón de pesos destinados, entre otros proyectos, a la financiación de nuevas fases del metro de Bogotá.
La acción judicial busca anular el Decreto 0069, expedido por el Ministerio de Hacienda el 24 de enero de 2025, el cual aplaza recursos por más de $12 billones, incluyendo $1.5 billones correspondientes a los aportes de la Nación para proyectos viales, como el metro de Bogotá.
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Baena, miembro del Nuevo Liberalismo, partido al que también pertenece el alcalde Carlos Fernando Galán, señaló que el decreto afecta la transferencia de más de $770.000 millones para la primera línea del metro, $328.532 millones para la troncal de Transmilenio de la Calle 13 y $345.735 millones para el Regiotram de Occidente.
Estos recursos, comprometidos en vigencias futuras, están dentro de las obligaciones de la Nación.
En su demanda, Baena busca que se declare la nulidad del decreto, alegando que este incumple con las obligaciones legales de la Nación en relación con las vigencias futuras aprobadas para Bogotá.
A través de sus redes sociales, el cabildante afirmó: “Nos quieren robar a los bogotanos y por eso demandamos al Gobierno de Gustavo Petro”.
¿Qué dice la demanda?
El concejal Juan Baena explicó: “El Metro está a punto de superar en su primera línea el 50 % de avance, así va a cerrar febrero. Así que Petro no detiene el metro, Bogotá no lo permitirá, no nos pueden robar a los ciudadanos en la cara y no dar explicaciones. El convenio de cofinanciación para el sistema de transporte público se suscribió en 2017 y se debe respetar. Lo que estamos pidiendo con esta acción legal es que se declare la nulidad total del Decreto 0069 de 2025, que aplaza recursos vitales para el desarrollo de la ciudad, como la construcción del tramo 1 de la primera línea del Metro que mejorará las condiciones de movilidad de los ciudadanos”.
De esta manera, el cabildante asegura que la medida del gobierno de Petro “vulnera normas constitucionales y legales, y se encuentra incursa en las causales de nulidad de falsa motivación, en una violación de la Ley 80 de 1993 e incumplimiento contractual por parte de la Nación, no previene el daño jurídico derivado, desconoce el principio de confianza legítima y extralimitación del poder ejecutivo, viola el principio de planeación presupuestal y vulnera el derecho a la movilidad y al desarrollo sostenible”.
Es así que Juan Baena detalló que “el Gobierno Petro no responde y guarda silencio. Ya habíamos enviado un derecho de petición pidiéndole a la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, revelar las actas de las reuniones donde según ella consta que el alcalde Galán sabía de dicho aplazamiento. Pues vamos más de 20 días y no tenemos respuesta. Por lo contrario, la ministra le tiró la pelota al Ministerio de Hacienda que tampoco tiene las actas y le devolvió el derecho de petición diciéndole que responda por sus funciones. Hoy lo que parece es que le mintieron a los bogotanos y al país, y pretenden condenar al estancamiento a Bogotá”.
Recursos para el Metro
La administración distrital mantiene como una de sus principales preocupaciones la entrega de los recursos que debe aportar la Nación para las obras del metro de Bogotá. Esta inquietud se ha intensificado tras el aplazamiento de las transferencias ordenado por el Gobierno Nacional y los desacuerdos entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, manifestados tanto en declaraciones públicas como en redes sociales.
Galán explicó la situación actual: aunque la Nación debe aportar el 70 % de los recursos y Bogotá el 30 %, hasta la fecha la ciudad ha financiado el 75 %, mientras que el gobierno nacional ha cubierto el 25 %. Sin embargo, aclaró que esta proporción se ajustará con el avance del proyecto, de modo que en la etapa final el aporte mayoritario corresponda a la Nación.
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