Fiscalía acusó a tres exdirectivos de la ANI por favorecer a Odebrecht en la Ruta del Sol II

La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra tres exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por presuntas irregularidades en los contratos de la Ruta del Sol II, uno de los mayores proyectos viales del país, marcado por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Los implicados son Héctor Jaime Pinilla Ortiz, exvicepresidente jurídico; Andrés Figueredo Serpa, exvicepresidente de Gestión Contractual; y Emerson Leonardo Durán Vargas, gerente financiero de la Vicepresidencia de Gestión Contractual.

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Según la investigación, los exfuncionarios habrían utilizado sus posiciones para formular y aprobar dos modificaciones contractuales, conocidas como otrosíes, que favorecieron al Concesionario Ruta del Sol SAS en aspectos técnicos, jurídicos y financieros, sin cumplir con los requisitos legales establecidos para la contratación pública.

El otrosí tres otorgó al concesionario la autorización para diseñar el tramo Agua Clara - Ocaña - Sardinata - Gamarra. No obstante, este tipo de asignaciones debían realizarse mediante un contrato de consultoría adjudicado por concurso de méritos, no de manera directa, como ocurrió en este caso.

Esta maniobra permitió al concesionario tomar el control de los diseños sin pasar por un proceso competitivo que garantizara la selección de la mejor propuesta.

Por otro lado, el otrosí seis permitió ejecutar el corredor vial sin un contrato de concesión de obra adjudicado por licitación pública. Además, no existían aprobaciones de diseño, estudios de conveniencia del interventor ni recursos asegurados para financiar la obra.

Estas omisiones violaron las normas que regulan la contratación estatal y beneficiaron económicamente al concesionario al ampliar el tiempo de concesión y otorgarle más recursos públicos.

Pinilla Ortiz estaría vinculado a ambos otrosíes, mientras que Figueredo Serpa y Durán Vargas habrían participado solo en la aprobación del otrosí seis.

La Fiscalía sostiene que los acusados abusaron de sus cargos para facilitar decisiones que perjudicaron los intereses del Estado y facilitaron el desfalco de recursos públicos.

El caso de la Ruta del Sol II es una de las mayores investigaciones de corrupción en Colombia, con un impacto económico gigantesco. La constructora Odebrecht, que hacía parte del concesionario, protagonizó un esquema de sobornos que involucró a funcionarios públicos y congresistas, lo que llevó a la terminación anticipada del contrato en 2017.

Esta decisión derivó en costos millonarios para el Estado colombiano, que tuvo que asumir las obras inconclusas y los gastos derivados de la ruptura contractual.

Un informe pericial reveló que los gastos asociados a la finalización del contrato y las irregularidades cometidas ascendieron a $13,7 billones de pesos. De esa cifra, $2,7 billones corresponden a sobrecostos por la necesidad de firmar nuevos contratos para continuar las obras.

Además, se destinaron $45.000 millones adicionales a asesorías jurídicas y laudos arbitrales a favor de la concesionaria, de los cuales $20.000 millones fueron para gestionar la terminación del contrato y $25.000 millones fueron pagados a la concesionaria como resultado de un fallo arbitral.

Tras la salida de Odebrecht, el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumió el mantenimiento de la vía y firmó cinco contratos entre 2017 y 2023 por un valor total de $632.000 millones.

Estos contratos incluyeron licitaciones públicas, interventorías y trabajos de conservación de la infraestructura existente, con el fin de garantizar la conectividad de la región mientras se resolvía el futuro del corredor vial.

Por su parte, la ANI adelantó dos alianzas público-privadas (APP) para concesionar nuevamente el corredor, con estudios y diseños de las troncales Magdalena 1 y Magdalena 2 que costaron $11.293 millones.

Estos estudios fueron necesarios para replantear el proyecto y asegurar que las nuevas concesiones se ajustaran a las necesidades de la región y a los estándares de transparencia exigidos por la ley.

Con base en estos hallazgos, la ANI busca que las empresas involucradas —Episol, Odebrecht Latinvest Colombia, Constructora Norberto Odebrecht, CSS Constructores— y el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales, asuman la reparación directa al Estado.

Las autoridades esperan recuperar parte de los recursos perdidos y establecer sanciones ejemplares para evitar que casos similares se repitan en el futuro.